Luego de que el Congreso avaló una reforma para garantizar accesibilidad universal en unidades de transporte público, camioneros se negaron a poner rampas para personas con discapacidad.“Es una ocurrencia. Para que nosotros podamos hacer el cambio, necesitamos tener un estudio de cuántas personas con discapacidad existen y cuáles son los viajes que realizan”, dijo el secretario del Sindicato de Avanzada del Autotransporte Público de Jalisco, Arnoldo Licea.Este medio publicó que pese al recorte por la pandemia, los transportistas recibieron un aumento del subsidio para comprar camiones. En menos de tres años acumularon apoyos por mil 002 millones de pesos.Debido a que el Sindicato de Avanzada del Autotransporte Público de Jalisco expresó su rechazo a instalar rampas para personas con discapacidad en todas las unidades del transporte público, el coordinador del Observatorio de Movilidad, Raúl Díaz, indicó que el tema de la accesibilidad universal no debe ser visto como un negocio.El coordinador refirió que excusarse en un censo para evitar hacer incluyentes los camiones es priorizar un enfoque comercial, cuando lo que busca la reforma a la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco es garantizar transporte público de calidad para todas y todos los jaliscienses.“Nosotros partimos de otros principios que tienen que ver con el derecho a la movilidad, con los principios de equidad y justicia y todos deben tener el derecho de utilizar el transporte público”, expresó Díaz.Refirió que los transportistas deben cumplir con lo establecido en la ley y que las unidades renovadas deberán entrar en circulación ya con las rampas y dispositivos instalados.“Mil 450 unidades tienen que ser cambiadas. Este año se destinó una bolsa de poco más de medio millón de pesos para la renovación del parque vehicular. La norma no es retroactiva, pero la implementación de estas rampas o elevadores debe aplicar ya en las unidades nuevas que se van a comprar”, añadió.JL
