El Gobierno estatal lanzó el “Programa de apoyo para los prestadores del transporte público en la implementación del pago electrónico”, mediante el cual regaló 80 mil pesos por equipo en cada camión. Sin embargo, la empresa EB Jalisco, una de las cuatro proveedoras autorizadas para vender los equipos de prepago, tiene como representante al gerente Hugo Maximiliano Higareda Macías, quien está ligado a 10 rutas de transporte que eligieron a esa compañía para comprar las máquinas. También Óscar Higareda Macías (relacionado con la Ruta 380) le compró. En otras palabras, con el subsidio entregado por el Gobierno de Jalisco se beneficiaron como transportistas, equiparon sus unidades y el dinero público lo destinaron a la proveedora del servicio a la que están ligados o son propietarios. Se solicitó entrevista con la Secretaría de Transporte, pero contestó que no hay irregularidades. Se buscó a Hugo Higareda y no respondió.Higareda (junto con Alberto Villalobos Andalón) es socio de ocho de esas 10 rutas, según el Registro Público de Comercio. Además, tiene facultades para la administración en la Ruta 380 (Troncal 19) y es apoderado de Milher Autobuses. Entre las 10 compañías adquirieron 311 aparatos con el erario y le pagaron a EB Jalisco 24.8 millones de pesos.Los tres transportistas beneficiados con recursos públicos estatales para adquirir el sistema de pago electrónico, quienes adquirieron los aparatos a la empresa EB Jalisco, con quién están vinculados, también están relacionados con la Operadora Macrobús (tiene la concesión para prestar el servicio en la Calzada Independencia).Hugo Maximiliano Higareda Macías, que también es vicepresidente de Alianza de Camioneros, figura como representante; Carlos Alberto Villalobos Andalón es delegado y Óscar Leonel Higareda Macías es director general, según la última acta de sesión de consejo de administración existente en el Registro Público de Comercio (RPC), con fecha del 2 de abril de 2020. Por ejemplo, los socios de EB Jalisco son Transporte y Tecnología, Leokonkorea y Transporte y Tecnología de Jalisco, según el RPC.Además, EB es la compañía que tiene el título de concesión de la “Recaudación económica del servicio del transporte de pasajeros del Macrobús y sus rutas alimentadoras en el corredor Independencia de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, de acuerdo con el documento publicado en el portal de Transparencia del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), que concesiona el servicio. Ese contrato fue firmado el 19 de diciembre de 2008 por Diego Monraz, en ese entonces con el cargo de director general y presidente de la Comisión de Concesiones, quien es el actual titular de la Secretaría de Transporte.Este medio documentó que el año pasado crecieron las quejas de los usuarios por el servicio otorgado en el Macrobús, principalmente por las fallas en las tarjetas de prepago. Por ejemplo, de los 367 reclamos recibidos en 2018, 150 fueron por problemas en el sistema de cobro electrónico. En el proceso de la entrega-recepción con la nueva administración estatal, el Siteur anunció que en el caso del sistema del Macrobús, encontraron fallas en la operación del sistema de recaudo por la indefinición en la integración del esquema de InnovaCard, retrasos en la reposición de los equipos dañados y en el suministro de las tarjetas.Se solicitó entrevista con el secretario del Transporte, Diego Monraz, pero no se concretó. La dirección de Comunicación Social contestó: “No hay conflicto de intereses porque tanto ellos como los demás transportistas tienen más opciones de comprarles a las otras proveedoras. Lo hubiera si la Secretaría les obligara a comprar a EB (Jalisco); además, esa empresa ha venido operando así desde hace 10 años, para equipos para Macrobús. Es como si ellos tuvieran su propia refaccionaria. La ley no se los prohíbe. La función de la Setran es sólo vigilar que tengan el equipo y que funcione bien”. También se buscó una reacción de Hugo Maximiliano Higareda Macías, pero no respondió en dos números de celulares.Transportistas relacionados con Hugo Higareda reciben subsidio estatal y compran equipos de prepago a sus empresas, con ganancias de 24.8 millones de pesos.Fuente: Lista de Beneficiarios del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial y Registro Público de Comercio.Lucía Almaraz, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, subraya que aunque la Ley de Responsabilidades Administrativas acota que el conflicto de interés implica solamente a los servidores públicos y no a los transportistas (que es un servicio público), el órgano interno de control de la Secretaría de Transporte (Setran) debería investigar si se tenía conocimiento de que el proveedor jugaba un doble rol. “Para que hubiera una responsabilidad de índole administrativa o, inclusive, de un hecho de corrupción. Este tipo de personajes justo es lo que aprovechan: las lagunas que pueden existir en la ley o en las propias reglas de operación para poder actuar. Si en las reglas de operación no está prohibido, está permitido”.Dice que también podría ampliarse la revisión por parte de la Contraloría del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. “Es una mala práctica porque cuando falle alguno de los aparatos, a quién se acudirá”. Añade que “juegan dos roles: por un lado es el dueño del transporte y, a su vez, de la empresa que suministró los aparatos que van a servir para un fin público. Se tiene que evitar esto desde las reglas de operación”.Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, subraya que el transporte es un servicio público y las concesiones están sujetas a ciertos requisitos, como el prepago. Y si éste falla “es una simulación, no es una ruta empresa. El Gobierno (del Estado) debería tener una fiscalización sobre quién provee y la calidad de las máquinas al darles el subsidio”.Samuel Iván Cárdenas, director del Laboratorio de innovación y emprendimiento de la Universidad de Guadalajara, recalca que se trata de un conflicto legal por recibir dinero del Estado. Explica que un representante tiene facultades como la expedición de cheques, pagos o para realizar negociaciones directamente con otras empresas que se relacionen directamente con la asistencia y el funcionamiento de la sociedad mercantil.Abren la puerta a la integración tarifariaVía Transparencia, el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial comparte que desde 2018 ya destinó recursos para 27 conceptos, como el pago a personal o servicio de nómina “outsourcing”, para el finiquito a Autotraffic y asuntos relacionados, para el apoyo a la implementación de la ruta empresa, además para el seguro contra robo y vandalismo, entre otros gastos.En 2018 erogó un total de 270.6 millones de pesos, principalmente en la señalización horizontal y vertical (52 millones), para el adeudo de los contratos 330/16 y 57/14 (con 47.1 millones), para los apoyos a la ruta empresa (42.5 millones), para el finiquito a Autotraffic (26 millones) y para las folderas electrónicas (22.4 millones).Y en 2019 realizó desembolsos por 132.3 millones, prioritariamente al Programa Mi Transporte de equipos electrónicos (por 99.5 millones), para las cédulas de notificación (15.9 millones) o el pago a personal o servicio de nómina “outsourcing” (12.6 millones). El fideicomiso se creó el 26 de marzo de 2018, con el objeto de administrar el producto financiero del cobro de las infracciones aplicadas por exceso de velocidad de los vehículos o por no respetar el semáforo en alto, detectadas con los dispositivos electrónicos instalados en diferentes puntos de la zona metropolitana. El 30 de agosto de 2018 se suscribió un convenio modificatorio en el que se ampliaron los fines del fideicomiso para incluir, entre otros puntos, el pago de los proyectos de movilidad urbana sustentable, así como un subsidio para los concesionarios del transporte público urbano que emigren al sistema de la ruta empresa y un subsidio para los concesionarios del servicio público de taxi que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría del Transporte.En la lista de los beneficiarios publicada en el portal de Transparencia del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial se reporta que, hasta 2019, se habían entregado apoyos para tres mil 674 equipos; es decir, para 71% de los cinco mil 145 camiones que operan en la metrópoli. En total, 118 empresas de rutas de transporte recibieron apoyos: 55 rutas pagaron equipos (con el subsidio estatal) para mil 688 camiones a Tarjetas Integrales (TISA); 41 compañías adquirieron mil 429 aparatos a Idear Electrónica; otras 10 compraron 311 equipos a EB Jalisco, mientras 12 compañías adquirieron 246 aparatos a Servicios y Estudio para Transporte Innovador y Movilidad. Sin embargo, pese a que la fecha propuesta venció el pasado 30 de abril, no todos los autobuses cuentan con el sistema del pago electrónico. Al respecto, la Secretaría de Transporte comunicó que 92% de las rutas y las unidades en todo el Estado cumplió con el requisito.“El resto que no alcanzó o no quiso migrar a ese modelo estipulado en la ley y en la norma correspondiente, dejó de ofrecer el servicio de transporte público a partir del pasado 1 de mayo”. La dependencia estatal anunció operativos para detectar y, en su caso, sancionar a esas unidades, además de la realización de mesas de diálogo para los interesados que faltan por integrarse al modelo. Recordó que el presupuesto para los apoyos fue de 310 millones de pesos. Con estos recursos contemplaban subsidiar tres mil 875 aparatos, 201 aparatos extra a los reportados en el portal de beneficiados.Sigue: #DebateInformador y participa en Twitter en el debate del día @informador (2162041)¿Mejoró el sistema del transporte público en esta administración estatal?JL
