Tras los cuestionamientos a la elección de Luz del Carmen Godínez González como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), la diputada Hortensia Noroña Quezada, presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, defendió la legalidad del procedimiento. Reconoció que está latente la posibilidad de que se presenten impugnaciones, pero dijo confiar en que hicieron un trabajo apegado a la ley. Sobre el requisito de no haber ocupado un cargo público en los últimos dos años, que no cumpliría la próxima ombudsperson quien laboró hasta junio pasado en el Ayuntamiento de Guadalajara, la legisladora dijo que consultaron al área jurídica del Congreso y la interpretación que hicieron es que por el nivel de su cargo no habría conflictos de interés.TAMBIÉN LEE: Promete nueva ombudsperson un organismo cercano; pide tiempo para conocer temas“Al final todos los ciudadanos siguen teniendo vigentes sus derechos y quien considere que fueron vulnerados podrán realizar cualquier acto jurídico que así competa y así esté en su derecho. Nosotros consultamos con el área jurídica y eso fue lo que se nos comentó y por eso estoy satisfecha y considerando que nos allegamos del mayor número posible de información para tomar los criterios de interpretación”, dijo.Extraoficialmente, en el Congreso estatal trascendió la presentación de amparos contra el proceso sin que hubiera una suspensión vigente que impidiera votar el nombramiento. Oficialmente el Poder Legislativo no ha sido notificado de ningún recurso sobre el tema.Aspirantes que participaron en el proceso calificaron la elección de los diputados como ilegal, Violeta Yazmín Sandoval Cortés, candidata al cargo, denunció inconsistencias e ilegalidad en el proceso.“Una completa ilegalidad, para quienes se excusan en que no pueden hacer cosas por apegarse a la ley demostraron lo contrario. Los y las representantes de Jalisco en el Congreso son una burla”, dijo.Por su parte, José Esparza Hernández, otro de los aspirantes, calificó como una ilegalidad que se haya determinado elegibles a todos los candidatos y candidatas a pesar de que algunos no cumplen los requisitos por ser servidores públicos.JM
