Por lo que consideraron una “anarquía” respecto del proceso para la elección de la nueva ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, distintos colectivos presentaron diversos recursos para exigir que se reponga el proceso, pero cumpliendo a cabalidad los estatutos existentes.Entre los organismos convocantes se encontraron el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Tsikini, quienes señalaron, las irregularidades cometidas representan desde un inicio violaciones no sólo al proceso, sino también a los derechos humanos.La co-directora del CEPAD, Anna Karolina Chimiak, señaló por ejemplo que las anomalías violaron derechos como la falta de cumplimiento de los principios que debían haber guiado el proceso, (la transparencia, publicidad, objetividad de los criterios de evaluación o participación efectiva); la violación a la legalidad y seguridad jurídica, y las violaciones a los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos para realizar las acciones que promuevan y protejan los derechos humanos en la entidad.Por ello, explicó el abogado Héctor Ontiveros, quien se sumó a las exigencias por los organismos, se han tramitado dos amparos ante los Juzgados de Distrito. El primero se tramitó contra el Artículo 23 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque se consideró “que no garantiza los principios de independencia, que no se someta a los intereses de las autoridades”, siendo turnado al Juzgado Segundo en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito.El mismo, digo el abogado, fue desechado el pasado 28 de julio por el Juzgado de Distrito al considerar que “ante una jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Corte, el Congreso tiene facultades soberanas para decidir sobre la elección de la Ombudsperson, y no pueden ser impugnadas mediante amparo”.De acuerdo con Ontiveros Delgadillo, la elección incumplió los tratados al no respetar lo señalado respecto de los requisitos de la convocatoria, ya que la elegida, Luz del Carmen Godínez, no podía ni siquiera ser considerada por ser funcionaria en activo del Ayuntamiento de Guadalajara.Por su parte, en la segunda demanda de amparo presentada ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito se impugnó la ilegalidad del acuerdo de dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual se aprobó la lista de las y los candidatos elegibles para la elección de la ombudsperson, y con ello la designación de Luz del Carmen Godínez González como titular de dicha institución.Lo anterior, debido a que en el acuerdo mencionado las y los legisladores determinaron que las 29 personas que se registraron como aspirantes eran elegibles, a pesar de que varias de ellas, incluyendo a Luz del Carmen, no cumplían con alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en el artículo 25 de la Ley de la CEDHJ.El proceso, señaló el abogado, podría tardar hasta dos años en ser solventado y resuelto, sin embargo resulta necesario que se lleve a cabo no solo para conseguir la legalidad del proceso para esta elección, sino para designaciones futuras.De la misma forma el CEPAD realizó acciones a nivel nacional e internacional, presentando por ejemplo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, basada en los tres conceptos de violación a los derechos humanos señalados en un inicio, así como la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basada en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una solicitud para que se le pida al Congreso de Jalisco información respecto al desarrollo, condiciones y las medidas adoptadas en el proceso de elección, el pronunciamiento sobre la irregularidad del proceso, y emisión de recomendaciones.Lo anterior, a fin de que se reponga la elección y que se cumpla con lo establecido en la normativa aplicable en materia de estándares internacionales. También se entablo comunicación con la relatora sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawor, a quién se solicitó que examine la información compartida y solicitud de las aclaraciones correspondientes a las autoridades y que se haga un llamado urgente a reponer el proceso “a fin de subsanar las deficiencias e irregularidades y tomar las medidas correctivas, evitando las violaciones a futuro y promoviendo las acciones para proteger de la mejor manera a las personas defensoras de los derechos humanos en Jalisco”, entre otras.JM
