Para sancionar conductas que generan violencia política contra una mujer, el pleno del Congreso de Jalisco avaló un paquete de reformas que incluye impedir que sea candidato a un cargo público quien haya sido sentenciado por incurrir en esta conducta.Definen a la violencia política en razón de género como cualquier acción u omisión basada en elementos de género que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una mujer.Incurre en esta conducta quien divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata por cualquier medio; toda expresión que las denigre o descalifique; distribuir propaganda que las calumnie o se base en estereotipos de género.Los legisladores descartaron que sea motivo de nulidad de la elección. Las multas por incurrir en esas conductas alcanzan hasta los 8.6 millones de pesos. A los hombres que tengan atraso en el pago de pensión alimentaria también se les negará el registro como candidatos.En la legislación especifican un catálogo de conductas de violencia política donde figura restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles; ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatura; proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidatas. También obstaculizar la campaña y que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.El IEPC debe incorporar la perspectiva de género en el monitoreo de las precampañas y campañas. El Instituto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Estado podrán solicitar que se otorgue ordenes de protección a víctimas de violencia política por género. La diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, afirmó que no tratan de quitarle espacios a los hombres sino de buscar condiciones parejas para que las mujeres compitan. La legisladora priista, Sofía García, destacó que se consideran sanciones contra partidos políticos, candidatos o aspirantes; reconoció que quedan temas pendientes como aumentar las obligaciones para que los partidos combatan la violencia contra sus militantes y que no se haya incluido dar escoltas a mujeres agredidas.En el paquete se modificaron, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, El Código Electoral del Estado, La Ley de Responsabilidades Públicas y Administrativas, la Ley de Servidores Públicos, y la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado. Luego de horas más de seis horas de receso, el pleno del Poder Legislativo sesionó a contrarreloj pues este 30 de junio venció el plazo para avalar las modificaciones aplicables en el próximo proceso electoral. Con el aval de 93 ayuntamientos, el pleno del Congreso del Estado dio cuenta de la ratificación de la reforma constitucional en materia electoral, el Ayuntamiento de Guadalajara no figuró en el listado de municipios que se pronunciaron a favor de las modificaciones. En las modificaciones destaca la reducción del periodo de campañas, aunque no se recorta el gasto del que dispondrán los partidos políticos.Con el argumento de la contingencia sanitaria, las campañas locales para la elección de 125 presidentes municipales y 38 diputados locales tendrán una duración de 30 días; el periodo electoral comenzará en enero.JM
