La propuesta de colocar brazaletes electrónicos a los agresores de mujeres, que tienen una orden de alejamiento, fue avalada en comisiones legislativas y se prevé que en enero se vote en el pleno del Congreso local.La reforma a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que, con la finalidad de garantizar la integridad de las mujeres víctimas de violencia, se recurrirá a la utilización de sistemas de monitoreo electrónico como una medida alternativa a la prisión preventiva del agresor; preservando en todo momento los principios de presunción de inocencia. El costo del brazalete será con cargo al agresor. Se detalla que la implementación se avalará tras la evaluación de riesgos.La diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la comisión de igualdad sustantiva y de género, explicó que para darle seguimiento a la medida se usaría la tecnología de los centros de control y comando en video vigilancia municipales C4 y el Escudo Urbano C5 estatal.La legisladora explicó que con usando la geolocalización incluso la mujer violentada podría consultar, vía una aplicación en su teléfono celular, en dónde está o por dónde se mueve su agresor.“Tenemos que utilizar estas medidas y basarnos en las tecnologías para poder fortalecer a las mujeres y que no sean revictimizadas. La colocación de brazaletes no es violatoria de derechos humanos, ya hay diez estados que lo contempla y prevalece el derecho de la víctima a no sufrir violencia”, apuntó la diputada.También se considera la conformación de una unidad especializada para la coordinación de las policías estatal y las municipales en materia de violencias contra las mujeres, que deberá contar con mecanismo de reacción inmediata de atención, supervisar el cumplimiento de las órdenes de protección y tener unidades móviles de órdenes de protección.Adicionalmente se faculta a los policías preventivos para órdenes de protección en casos de urgencia. La diputada García Mosqueda señaló que la medida es necesaria pues los elementos suelen ser quienes tienen el primer contacto con la víctima, reconoció que será necesario capacitarlos para aplicar los protocolos. Actualmente esta medida sólo puede ser emitida por el síndico municipal o el agente del ministerio público.“También se está aprobando que las órdenes sean por tiempo indefinido hasta que las víctimas se sientan a salvo y que haya coordinación entre la policía estatal, la municipal y la investigadora”, añadió la legisladora priista. Una vez aprobada la reforma los ayuntamientos tendrán plazo de seis meses para implementar las acciones necesarias para cumplir con la legislación. NM
