Aunque una de las prioridades de la nueva titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Francelia Hernández, era establecer una línea telefónica para brindar orientación, las 24 horas, a los familiares ante la ausencia de sus seres queridos, ésta todavía no está lista.Desde esa línea se atendería a ciudadanos que afirmaran que un familiar suyo ha desaparecido, desde las primeras horas en las que se perdió el contacto.De acuerdo con la titular de la Comisión, esos instantes son “momentos cruciales” para dar con su paradero.Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), opinó que la Comisión había sido “abandonada” por no contar con esas necesidades básicas: ni teléfono de contacto ni página web.“Si bien tres meses no es mucho tiempo, también es un buen periodo para comenzar a dar cuentas”, dijo.Tras más de un año en el archivo, ahora sí, en un mes, el Congreso de Jalisco podría desahogar el proceso de dictaminación de las iniciativas en materia de desaparecidos: La nueva Ley Estatal de Personas Desaparecidas, la Ley de Víctimas del Estado y la Ley para la Declaratoria Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado, que presentó el gobernador, Enrique Alfaro, como parte de la segunda etapa de la estrategia para atender ese problema.Con estas disposiciones se busca armonizar la legislación local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde noviembre de 2017, lo que en esencia reuniría a todas las partes involucradas (autoridades, especialistas, grupos de búsqueda y familiares) y habilitaría un sistema estatal de búsqueda de desaparecidos, con herramientas y logística locales.Jorge González Arana, diputado presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, justificó el tiempo que tardaron pues, afirmó, finalmente escucharon a todas las partes involucradas. Y añadió que, aunque las iniciativas las presentó el Poder Ejecutivo, éstas son “producto del trabajo del Legislativo y de representantes de colectivos” que participaron en su elaboración.Detalló que en ese lapso se realizará al menos una mesa de trabajo para que haya especialistas que revisen las propuestas. No obstante, será sólo ese el mes para que las reformas sean avaladas y se contemplen recursos para aplicarlos en el presupuesto estatal del próximo año.El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, dijo que la única excepción para aprobar dentro de ese plazo sería si las organizaciones de familiares de víctimas de desaparecidos solicitan una extensión. Las iniciativas presentadas por el gobernador, añadió, son producto de mesas de trabajo y ejercicios de consenso.Debían quedar listas en 2018El Congreso incumplió el plazo para armonizar las leyes estatales con la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Las disposiciones debieron entrar en vigor en julio de 2018.Las nuevas leyes estatales en materia de búsqueda de desaparecidos facultan la creación de un Comité de Coordinación, que además de garantizar que se trabaje con bases de datos homologadas, objetivos específicos y personal calificado, tiene el visto bueno de las familias de desaparecidos.Marimar Álvarez, asesora en la Secretaría de Planeación (Seplan), destacó que si bien todavía no se sabe qué pasará con la iniciativa anterior (la que no se aprobó), ésta es la que cuenta con el visto bueno de colectivos y familiares de personas cuyo paradero se desconoce.Aunque las iniciativas del gobernador, Enrique Alfaro son prácticamente extensiones de las leyes federales y el Sistema Nacional de Búsqueda, la funcionaria aseguró: “no podemos obviar que existe una ley general y, en ese sentido, las entidades están obligadas a legislar”.Por otro lado, agregó que el presupuesto para la atención a víctimas (que pasó de 17 a 84 millones de pesos este año) se ha invertido en la contratación de más insumos y personal, así como en capacitaciones para los trabajadores de las instituciones que así lo requieren.Para la coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Karolina Chimiak, si bien en la Comisión Estatal de Búsqueda hay voluntad para generar cambios en la situación de desapariciones que vive el Estado, y que los perfiles elegidos son los adecuados para lograrlo, el hecho de que ésta dependa de la Secretaría de Gobierno y no tenga autonomía la convierte en un ente “opaco”.Lo anterior, debido a que, más allá de apoyar en la búsqueda en campo de personas reportadas como desaparecidas, no se han establecido sus alcances y aportes. Y tampoco, aseguró, se ha transparentado en qué invierten su presupuesto.
