La Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció deficiencias en el manejo administrativo y financiero en las que ha incurrido el Congreso estatal. Por primera vez auditó al Legislativo local, y en su informe (correspondiente a 2018) advirtió que éste incumplió los lineamientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que la plataforma usada para el manejo administrativo: “CalipsoCo”, no tiene las especificaciones de la regulación federal. “Incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tampoco presentó el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos en el presupuesto de egresos”, detalla el informe.Adicionalmente, determinó que no se localizó información relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y reestructuras. La revisión corresponde a los últimos 10 meses de la pasada Legislatura y los dos primeros de la actual. El Congreso respondió que solventará las observaciones. El secretario general, Salvador de la Cruz Rodríguez, dijo que mejorarán sus procesos internos para darles mayor transparencia.Por considerar que generan incertidumbre en las cuotas que las personas deben pagar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra las Leyes de Ingresos 2020 de 50 ayuntamientos de Jalisco. La Comisión advierte “excesos” en artículos relacionados con el pago de derechos de concesionarios del servicio público de estacionamientos y los relativos al uso, goce, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público.El Congreso del Estado fue notificado del recurso interpuesto por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que está en proceso de análisis de admisión. Entre las leyes de ingresos observadas por la CNDH están las de Guadalajara, Juanacatlán y El Salto.JL
