Entre los escombros, Mary usa un martillo para remover el cemento que quedó atorado entre las varillas de los que fueron los cimientos de las casas al lado de Arroyo Seco, en Zapopan."Nos destruyeron todo y ahora buscamos fierro para venderlo y sacar para las tortillas", expresó mientras se limpiaba el sudor de la frente debajo de su gorra negra.Las casas que un día estuvieron a un lado del llamado Arroyo Seco, en Colinas de la Primavera, ahora solo son recuerdos de un patrimonio que fue destruido por autoridades con el fin de evitar un desastre mayor en la temporada de lluvias que se aproxima.Mary vivía en el lugar con cinco personas más desde hace tres años. Lo compró como terreno ejidal en 70 mil pesos y poco a poco fue construyendo con su esposo para darle un lugar donde vivir a sus tres hijos, menores de edad. Hoy, busca que los reubiquen o les paguen lo que invirtieron en el que fue su hogar.Por su parte, el presidente de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que “no me interesa llevarme un punto político. Para mí, el que hubiera sucedido una muerte es muchísimo. Tuve el gran apoyo del gobierno federal y una gran sensibilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Guardia Nacional. Personalmente los estuvimos atendiendo tres meses y la decisión la toma Conagua y GN”.Afirmó que su papel como Ayuntamiento consistió en acompañamiento de patrullas y elementos, aunque “cuidé mucho lo de derechos humanos. Tenía que resguardarse el menaje y se resguardó con notarios”. Aseguró que hubo albergues preparados para los afectados y no asistió ninguna persona. Daniela compró el lugar hace cuatro años como terreno ejidal para vivir con su familia. Desconocía que era propiedad federal y zona de riesgo. Preguntó muchas veces, desde que llegó, incluso tras las inundaciones en Miramar, del otro lado del río. Este miércoles se estaban dormidos cuando escuchó que tocaron a la puerta. Eran las siete de la mañana cuando su vecina le avisó que los estaban sacando de sus casas. Cuando salió, las calles ya estaban cerradas y decenas de policías resguardaban el lugar.Pronto llegaron a su casa, "no nos queríamos salir, pero nos dijeron que nos convenía salirnos a la buena porque tenían una orden de desalojo". Eran uniformados. Sacaron lo esencial y lo más costoso: el colchón, la estufa, la ropa y documentos importantes."¿Dónde vamos a vivir? Según ellos quieren proteger nuestros derechos e integridad pero nos dejaron sin casa. No había necesidad de tener niños llorando", reclama.Además de su patrimonio de 8 x 15 metros y dos pisos construidos, Daniela, su esposo y su familia perdieron su trabajo y material para realizarlo. Más de medio millón de pesos entre la casa y el material. “Nos asesoramos con abogados, a ver qué podemos hacer, pero mientras nuestro patrimonio ya se perdió”, lamenta. En la sesión del pleno del Ayuntamiento de Zapopan, Juan José Frangie destacó que hay cinco áreas que desalojarán con la Guardia Nacional, aunque habrá apoyos.Estoy dispuesto como presidente municipal a buscar esquemas de apoyo, de viviendas baratas, hablar con inmobiliarias y construir equis número de casas. Hoy les puedo decir que son pocas casas las que estaban ahí”, señaló.Destacó que la zona de riesgo no se extenderá, pues ya fue definida por Guardia Nacional y Conagua. Además, anunció que habrá el presupuesto que se necesite para ello, según lo que pidió el regidor Pedro Kumamoto.“En ningún momento me voy a quedar atrás de este problema. No es fácil tomar estas decisiones”, expresó.Ante los cuestionamientos de los regidores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Futuro sobre la falta de socialización, Frengie dijo que el desalojo de la GN fue “prudente y sin violencia. Me iría más a las soluciones de la gente que está ahí”. Ante las denuncias de desalojos de manera ilegal y a la fuerza, grabadas en video por quienes vivían en el lugar, el Ombudsman, Alfonso Hernández Barrón, afirmó que ya dictaron medidas cautelares a las autoridades.Entre las medidas, pidieron que se actualicen los instrumentos de valoración de riesgos y, respecto a las personas, se haga lo necesario para que se les proporcione ayuda económica y lugares dónde vivir.“Estaremos documentando y recabando material. Se pedirán informes y se delegará a los homólogos nacionales si es que hubiera violaciones por parte de las autoridades nacionales”, dijo y añadió que hasta el momento no hay quejas de los vecinos, aunque iniciaron una investigación de oficio.La asociación TECHO informó que el evento “se trató de un desalojo forzoso, debido a que las familias afectadas no recibieron una notificación previa y no tuvieron oportunidad de defenderse. Además, no se les ha otorgado una indemnización por las enormes pérdidas que han sufrido como consecuencia de la demolición de sus hogares”.En un comunicado, destacó que el derecho internacional permite reubicar a poblaciones en zonas de riesgo siempre y cuando se les consulte primero y se les den alternativas para reubicarse. Pidieron a las autoridades de Jalisco cumplir con sus obligaciones y adoptar medidas para garantizar que esta situación no se repita. “Desde TECHO en México hacemos un llamado a respetar los derechos humanos y salvaguardar el patrimonio de las familias afectadas que viven en situación de pobreza y que habitan un asentamiento popular que colinda con comunidades en las que tenemos más de 28 viviendas construidas. Por último, exigimos justicia para las familias que desde la noche de ayer han quedado desamparadas por estas inaceptables acciones”.JM
