Con 35 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó una nueva ley estatal de obra pública con la que se pretende inhibir actos de corrupción, como el pago de "mordidas" o cuotas a cambio de la asignación de trabajos. Como parte de la regulación se considera sanción contra funcionarios o empresarios que incurran en este tipo de hechos. Para los servidores públicos se encuadra en el Código Penal estatal como delito de cohecho con sanción de dos a doce años de prisión y multas hasta de 22 mil 647 pesos. A los constructores o particulares involucrados se les inhabilitaría para participar en futuros concursos y asignaciones o para ocupar un cargo público. El diputado Ramón Demetrio Guerrero, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, destacó la incorporación de la figura de testigo social en todos los procesos de obra. La posibilidad de que los "testigos" reciban un salario generó debate entre los diputados y finalmente no se incluyó. La regulación establece como requisito que cuando se trate de obras con un costo mayor a los cien millones de pesos, tendrá que elaborarse un análisis del ciclo de vida útil de la intervención. El tope para la asignación directa se mantiene en 1.5 millones, para las obras vía concurso por invitación se amplía a 7.5 millones de pesos, actualmente es de 5.2 MDP. Se tendrá que convocar a licitación en todas las obras con un costo superior a los 7.5 millones. Se especifica que queda prohibido fraccionar o dividir una obra para entregarla de forma directa. También quedó aprobada la modificación a los comités de adjudicación de obra pública para que junto con los titulares de la Secretaría de Obra Pública, el de Finanzas y de la Contraloría estatal; se incluya al presidente de la delegación estatal de la cámara específica de la industria de la construcción constituida conforme a la Ley de Cámaras Empresariales. También a los presidentes de los colegios de ingenieros y arquitectos, que sean mayoritarios y con registro ante la dirección estatal de profesiones. Se establece que las empresas que estén en el padrón deberán tener antigüedad mínima de tres años y se dará preferencia a constructoras locales. Se incluyó la posibilidad de que el Congreso, el Poder Judicial, organismos autónomos y los públicos descentralizados; puedan realizar obras por su cuenta hasta por 26 millones de pesos. LS
