Debido al cambio de administración, el Gobierno del Estado recortó dos mil plazas. Así lo destaca el secretario de Administración, Esteban Petersen Cortés, quien precisa que sólo contratarán alrededor de 400 personas para áreas de seguridad y operativas. “La instrucción del gobernador Enrique Alfaro es optimizar lo más posible la nómina estatal. No hay altas, salvo para las cuestiones de urgencias o de seguridad pública”.Tan sólo en la administración central (sin contar a los Organismos Públicos Descentralizados ni otros Poderes), el Ejecutivo de Jalisco tiene una nómina de alrededor de 22 mil 900 personas. “Estamos 10% por debajo de la administración pasada”.La estimación es que, tras el plan de austeridad aplicado, entre enero y febrero pasados se documentó un ahorro de 100 millones de pesos por los recortes en la plantilla laboral.En días pasados, la contralora del Estado, Teresa Brito, confirmó que entre las irregularidades detectadas durante el proceso de la entrega-recepción de la administración de Aristóteles Sandoval se incluía la nómina de áreas como la Fiscalía General, la Secretaría de Salud y algunos Organismos Públicos Descentralizados, como Pensiones de Jalisco, en donde se documentaron empleados sin contrato o con salarios distintos al monto estipulado. Sin embargo, no precisó la cantidad de trabajadores en esta situación.En donde sí se dieron a conocer contratos con anomalías fue en la Secretaría de Educación del Estado, al detectarse una presunta red dedicada a la venta de plazas.El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, explica que esta red “vendió” 838 plazas, por lo que habría recaudado 35 millones de pesos. Sin embargo, a la llegada de la actual administración sólo se encontraron 87 personas laborando de manera irregular; el resto fue contratado a través de interinatos (de estas plazas observadas, 64 empleados cobraban sin contar con documentación).Como parte de los procesos para reducir el gasto de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s), el Ejecutivo ha destinado 50 millones de pesos para la liquidación de 10 paraestatales, principalmente, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social.El secretario de Administración, Esteban Petersen, destaca que ya se liquidaron 70% del total de los empleados de estas entidades, que son 400 personas; con el resto aún están en proceso para finiquitarlos. Sin embargo, hay otros trabajadores que han sido reubicados o están por definir en qué áreas podrían permanecer.La mayoría, dice, han sido reubicados a la administración central. “Recordemos que el OPD se extingue, pero la función sustantiva (de éste) la absorbe la administración centralizada”.Puntualiza que el Instituto Jalisciense de Asistencia Social es el organismo más robusto que han extinguido. Subraya que la nómina “era ofensiva” en términos de cantidad y prestaciones. Sin embargo, se decidió recontratar entre 200 y 250 personas que laboraban en el instituto. La mayor parte se ha recontratado en el área de depósitos vehiculares. Y la parte social, como es el apoyo y control de registros de asociaciones civiles y donativos, ahora forma parte del DIF y de la Secretaría de Asistencia Social.Durante este año, la Secretaría de Administración cuenta con un presupuesto de alrededor de tres mil millones de pesos para las compras que llevan a cabo las dependencias, informa Esteban Petersen.Destaca que la compra más importante en este año es la del arrendamiento de 641 máquinas que se entregarán a 121 municipios, como parte del proyecto para el rescate del campo, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). “Tratamos de que 80% sean (compras) locales, la ley lo exige”.Sobre la adquisición de vehículos, comenta que están en reuniones para definir los esquemas, con la posibilidad de que sea un arrendamiento puro que incluya seguro y mantenimiento de las unidades.Se cuenta con alrededor de 400 millones para este arrendamiento y gran parte se iría a la compra de patrullas y vehículos de seguridad. La licitación saldría en abril.
