Enmarcado por un operativo de seguridad que blindó el edificio del Congreso, el Fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez, compareció ante diputados locales para presentar un informe sobre el caso de Giovanni López, las detenciones irregulares de jóvenes y las manifestaciones registradas el 4 y 5 de junio pasados.El funcionario estatal admitió que hubo una serie de abusos y sostuvo que no pretende regatear lo sucedido. Volvió a reconocer que la delincuencia organizada está infiltrada en la dependencia, pero argumentó que según estudios de inteligencia nacional lo mismo pasa en todos los Estados del país. El funcionario dijo que hay un gran pesar entre el personal de la dependencia que sí trabaja por la pérdida de credibilidad que han generado los recientes hechos.Solís Gómez descartó que vaya a renunciar al cargo o que su permanencia entorpezca las investigaciones.“Permaneceré en el cargo mientras esta soberanía y el Ejecutivo así lo consideren. En este momento lo que tiene que hacer la Fiscalía es coadyuvar en las investigaciones para llegar al fondo de los hechos”, expusoEn sus intervenciones las diputadas Mariana Fernández del PRI y la morenista Érika Pérez cuestionaron el actuar del funcionario. La priista aseveró que, tras el reconocimiento de la infiltración de la delincuencia, la Fiscalía General de la República debería tomar el control de la dependencia estatal. La coordinadora de Morena insistió en que se debe aclarar quién dio la orden de las detenciones.La diputada Sofía García del PRI llamó a los funcionarios a no repartir culpas y asumir sus responsabilidades, dijo que la reunión no se convocó para defender o crucificar a nadie sino para buscar que se esclarezcan los hechos.En su turno el coordinador del gabinete estatal de seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, refirió que en la manifestación del día cinco les faltó labor de inteligencia para identificar a los grupos que violentaron la protesta que tenían identificada como pacífica y tranquila. Sobre la infiltración de la delincuencia organizada en corporaciones policiacas, Tamez Guajardo apuntó que Jalisco está “bastante solo” pues el gobierno federal está aún en construcción de sus instituciones. Por su parte, diputados del PAN y Movimiento Ciudadano insistieron en que en el caso de Giovanni López la administración estatal actuó y señalaron como responsables a las autoridades municipales. Subrayaron que debe haber sanción al manifestante que prendió fuego a un elemento de la Policía de Guadalajara. Repitieron la afirmación del gobernador respecto a que en la protesta del cuatro de junio hubo grupos provenientes de otras entidades que vinieron a desestabilizar al Estado. Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aseguró que las detenciones irregulares de jóvenes pasarán a la historia como uno de los capítulos más negros del actuar de la policía en el Estado. Afirmó que la Comisión ha dado acompañamiento a los jóvenes afectados y también a los dos policías investigadores consignados como presuntos responsables.LS
