Para fortalecer la operación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), integrantes del Comité de Participación Social (CPS), activistas y diputados iniciaron con la revisión de una posible reforma al marco jurídico que da sustento al esquema de combate a la corrupción.La llamada reforma 2.0 del SEA tendría como objetivos desarrollar un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales con mejores recursos vía blockchain, testigo social o la declaración jurada; impulsar la integridad empresarial; crear una Unidad de Análisis Financiero en la Fiscalía Anticorrupción; revisar la estructura operativa de diversas instancias del SEA. Además de impulsar una ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera y cumplir con la legislación para que haya equidad en la participación entre mujeres y hombres en todos los cargos públicos.La diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, dijo que buscan armonizar todas las leyes y reglamentos con el SAE, también fortalecer a la Fiscalía Especializada y generar mejores prácticas en los círculos empresariales para transparentar las compras gubernamentales.“La reforma 2.0 quiere decir armonizar leyes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, pero también las prácticas de los empresarios y los gobiernos”, expuso la legisladora.Xavier Orendain de Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), promotor del Pacto por la integridad y por el bien ser de Jalisco; subrayó que el SEA requiere de una Unidad de Inteligencia Financiera para consolidar sus atribuciones.“Debemos quitarle (a la Fiscalía Anticorrupción) algunos delitos que no le competen y que la tienen saturada, necesitamos dotar de recursos al Comité de Participación Social, porque sólo le estamos cargando de trabajo”, apuntó.Se acordó que el proceso de la reforma se realizará bajo el esquema de parlamento abierto, para que participen diferentes actores sociales.El Sistema Estatal Anticorrupción comenzó a funcionar en 2018, enfrentó contratiempos como retrasos en el nombramiento del fiscal anticorrupción y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Además de falta de presupuesto e infraestructura; reformas pendientes para redefinir los delitos por corrupción y para dar autonomía a la Fiscalía General del Estado; entre otros puntos.NM
