Con desacuerdos sobre el papel que tendrá el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el pleno del Congreso aprobó reformar la Constitución local para incluir nuevas herramientas de participación, como la ratificación de mandato, y reducir los porcentajes de firmas necesarias para promover consultas, plebiscito o referéndum. La figura de revocación de mandato quedó reservada hasta que se defina cómo se legisla a nivel federal.La diputada de Morena, María Esther López Chávez, afirmó que con la creación del Consejo Estatal de Participación el Gobierno del Estado busca ser juez y parte en el tema, pues le quita al IEPC la facultad de determinar la viabilidad de las solicitudes de herramientas de participación. Los seis legisladores morenistas se abstuvieron en el tema. "Quieren desaparecer la atribución natural del Instituto para dejarla en manos del propio gobierno estatal, es decir el estado de Jalisco ser juez y parte en la organización de mecanismos de participación ciudadana", sostuvo. La legisladora de Movimiento Ciudadano, Ana Lidia Sandoval, negó que la modificación merme las facultades del Instituto y aseveró que la intención de la modificación es ampliar el abanico de herramientas de participación. La coordinadora priista, Mariana Fernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Participación, recordó que la modificación constitucional es necesaria para poder dar trámite a la iniciativa preferente que presentó el gobernador para crear el Sistema de Participación Ciudadana y Gobernanza del estado.Los mecanismos de participación que se añaden son: la comparecencia pública, proyecto social, asambleas ciudadanas, diálogo colaborativo, planeación participativa, ratificación de mandato y colaboración ciudadana. Flexibilizan los requisitos de consulta popular, referéndum, plebiscito, ratificación constitucional e iniciativa ciudadana. Además de presupuesto participativo, cabildo abierto y contraloría social.El dictamen de la reforma constitucional se remitirá a los ayuntamientos pues se requiere que al menos 63 lo ratifiquen para que se pueda publicar en el Periódico Oficial del Estado. Avanza nueva legislación sobre medidas cautelares. Diputados locales aprobaron una nueva Ley estatal de Vigilancia y Ejecución de Medidas Cautelares que tiene entre sus novedades la posibilidad de que los ayuntamientos habiliten áreas municipales que sean auxiliares de la Unidad Estatal de Medidas Cautelares de la Fiscalía General. Se especifica que las autoridades municipales podrán participar para vigilar el cumplimiento de las medidas cuando se trate de imputados que residan dentro de su territorio. Las unidades municipales deben entregar informes sobre evaluaciones de riesgos y notificar de inmediato los casos de incumplimientos. Las medidas cautelares son las acciones preventivas que tienen como objetivo que la persona imputada (quien se encuentra en medio de algún proceso penal o investigación) no evada a la justicia y no ponga en riesgo a la víctima.El Código Nacional de Procedimientos Penales establece las siguientes medidas cautelares: la presentación periódica ante el juez, la exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas y valores dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas o testigos y la prisión preventiva; entre otras.LS
