El Gobierno del Estado aún dispone de 192 millones de pesos (MDP) correspondientes a los recursos sin ejercer de los créditos contratados por la pasada administración.Tras revisar los reportes sobre el uso que se le dio al endeudamiento de tres mil 800 MDP, que se le autorizó al ex gobernador Aristóteles Sandoval, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, Ricardo Rodríguez Jiménez, informó que fueron dos los créditos que se heredaron con un remanente de fondos por utilizar. El legislador comentó que la actual administración puede disponer de esos recursos y que sólo se requeriría la aprobación del Poder Legislativo en caso de que se pretendiera cambiar el objeto de inversión.“Sí podrían hacer uso de esos 192 millones que están autorizados y que ya están contratados con instituciones financieras, solamente o lo hacen específicamente para las acciones y obras que se autorizaron originalmente en ese decreto de octubre de 2015, o en su caso solicitan una modificación a través de una iniciativa del Ejecutivo en donde se puedan contemplar algunos otros proyectos para hacer uso de esa diferencia de recursos”, comentó.Durante el sexenio del ex gobernador, Aristóteles Sandoval, se contrataron seis créditos diferentes para alcanzar los tres mil 800 millones de deuda que le autorizaron.Éstos se usaron para financiar obras en municipios, en la construcción de bases regionales de la Fuerza Única y para habilitar el Escudo Urbano C5 (aún inconcluso), entre otros proyectos.Los saldos a favor corresponden a 101.8 millones del endeudamiento contratado para mantenimiento carretero y 90.3 millones que sobraron de la compra de 12 vagones para la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano.La designación directa de la constructora que se encargará de rehabilitar la fachada del edificio del Congreso se realizó cumpliendo la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios. Así lo dijo el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, presidente del Comité de Adquisiciones, quien sostuvo que la decisión se tomó con argumentos técnicos y no por recomendación de la Junta de Coordinación Política.Añadió que el techo financiero de 7.4 millones de pesos que costará la obra lo fijó la Coordinación de Servicios Generales del Congreso tras realizar un estudio de proveedores.“Les ofrezco una disculpa por la confusión que se pudo haber generado luego de la información donde efectivamente comenté que (la asignación) primero había pasado por la Junta de Coordinación Política, pero esta no la determinó, esta sólo la valoró como una necesidad”, comentó.
