Jaime Agustín González Álvarez y Antonio Cruces Mada, ex secretarios de Salud Jalisco, fueron de nueva cuenta vinculados a proceso este martes por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por compras presuntamente dirigidas para favorecer a una empresa.Por los mismos señalamientos vincularon al Miguel Ángel Leyva Luna, ex director de Administración.Contra los tres ex funcionarios se dictó como medida cautelar resguardo domiciliario y acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares cada 21 días, informó la Fiscalía Anticorrupción.Aunque también se le habían formulado cargos a Fernando Letipichía Torres, jurídico de la Secretaría, a éste no se le vinculó a proceso.El pasado jueves se les formuló la imputación, pero sus defensas solicitaron ampliar el término para reanudar la audiencia a fin de evitar ser procesados de nueva cuenta.En el caso de González Álvarez, la Fiscalía Anticorrupción investigó una licitación que tuvo lugar en el 2013 para la adquisición de videocámaras para una nueva área en el Hospital General de Occidente.El director de este nosocomio solicitó el equipo para un espacio de aislamiento en caso de que en Jalisco surgiera un brote de ébola, enfermedad que prendió las alarmas en aquel entonces al presentarse una epidemia en África.Fueron tres las empresas participantes en la licitación; no obstante, al final del proceso solamente continuó una, Seguridad Privada y Administración Patrimonial S de RL de CV, por lo que la Fiscalía presumió que se trató de una compra dirigida.La defensa del ex secretario argumentó que, si bien la firma de González está en el contrato, la Ley de Creación del Organismo Público Servicios de Salud Jalisco le da atribuciones a éste y al director para delegar responsabilidades.Al ser miles de empleados quienes laboran en la dependencia, el secretario no puede revisar de manera personal cada uno de los procesos que se llevan en todas las áreas, por lo que si hubo alguna irregularidad, la responsabilidad corresponde a quienes estuvieron en contacto con la licitación.Por su parte, González Álvarez negó conocer a los proveedores ganadores, como presumió la Fiscalía.La situación fue similar en los señalamientos que el Ministerio Público imputó a Cruces Mada, pues encontró que en el 2014 se realizó una nueva licitación para adquirir equipo de cómputo en el que presuntamente se dirigió la compra a la misma empresa que ganó el concurso de las videocámaras.Cruces Mada negó los señalamientos y argumentó que él solamente firmó como testigo sin participar activamente en el proceso de selección."Estamos tranquilos, sabemos que hemos actuado conforme a derecho y estamos esperando la resolución del juez", declaró Cruces Mada.Esta es la segunda vez que se les vincula a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades, pues en diciembre encontraron presunta responsabilidad en irregularidades halladas en un contrato de prestación de servicios de contabilidad.
