Tras la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco, el trabajo de los defensores de oficio se ha saturado, admitió Juan David García Camarena, subprocurador de Defensoría Pública de la Procuraduría Social del Estado (Prosoc).“Al día de hoy tenemos en esta modalidad de juicios orales cerca de seis mil expedientes. Para atender dichos asuntos tenemos cerca de 30 abogados, actualmente el Poder Judicial tiene 20 salas de juicios orales para atender estos nuevos procesos”.Debido al poco personal con el que se contaba, al inicio de la actual administración estatal se asignaron otros cuatro defensores de oficio al área penal, informó Juan Carlos Márquez Rosas, procurador Social.El trabajo de los defensores de oficio se satura, pues atender tan un solo caso implica recibir también a los familiares en la oficina, realizar las visitas carcelarias para informar a los imputados, realizar los trámites y gestiones ante las diversas instancias, planificar cada uno de los casos, generar las estrategias, recabar pruebas, elaborar escritos y demás.“Con independencia de eso, la particularidad del juicio oral es que (se requiere) estar en las salas, en audiencias. El hecho de ser presencial, ante el cúmulo (de casos) que tenemos con los abogados defensores de oficio, implica que ellos tienen que dividir su trabajo de oficina con su presencia en las salas. Un horario de trabajo normal de ocho horas no les (alcanza)”.De acuerdo a cifras del Ejecutivo, hasta noviembre pasado los defensores de oficio atendieron a 22 mil 858 personas en el área penal, cifra que supera a los 20 mil 280 expedientes que se iniciaron durante 2017, tanto del viejo como del nuevo sistema de justicia.Pese a la saturación, García Camarena aseguró que han encontrado a personal muy profesional en la dependencia, sobre todo con jóvenes que han aprendido y se han capacitado. “Incluso pueden preguntar en el medio penal y los mejores abogados en el nuevo sistema son los que se encuentran en defensoría pública”.El pasado 20 de agosto, Carlos fue detenido en la zona del parque Morelos por policías de Guadalajara. Unas horas antes, había sido señalado por presuntamente cometer un robo con violencia en contra de un repartidor en la colonia La Loma; 72 horas después lo enviaron a prisión preventiva por un año, pese a que la carpeta de investigación 87336/2018 se encuentra llena de datos falsos, aseguró.Uno de los problemas fue su defensa, pues durante estos meses solo ha podido ver a su defensora de oficio en las dos audiencias que ha tenido, y en ninguna lo dejó hablar.El Nuevo Sistema de Justicia Penal supone ser garantista y la prisión preventiva es la excepción. No obstante, en el caso de Carlos, quien no tenía antecedentes penales cuando lo detuvieron, esto no aplicó.Ese día, relató, lo trasladaron al Ministerio Público de la Calle 14 donde los agentes le informaron sobre el robo y le aseguraron que tenían videos donde él atacaba al repartidor de cigarros. Le dijeron que traía camisa blanca sin mangas: “En la mañana yo traía una playera azul”.En ese momento le dieron un papel en blanco con una silueta humana. Era el parte de lesiones y como él no tenía ningún golpe, firmó el documento. Después de 72 horas lo mandaron a Puente Grande junto con dos personas más.Tres días después, el 26 de agosto, fue la primera audiencia, a la cual no acudió el repartidor sino dos representantes legales de la empresa. “La hoja del parte de lesiones la llenaron después de que firmé y pusieron que yo traía un cuchillo”, lo cual es falso, dijo. Según relataron los abogados, Carlos amagó al repartidor con el cuchillo y se lo puso en el cuello.Así, sin arma, sin video y sin la víctima presente para reconocer al indiciado, se citó a una nueva audiencia para vincularlo a proceso por robo violento. Carlos señaló que sólo se tienen dichos y una firma en un documento adulterado: “Hasta dijeron que escapamos en un taxi”.Otro caso similar es el de César. El 6 de octubre, mes y medio después de haberlo detenido, la Fiscalía giró el Boletín 554, donde se informó de su vinculación a proceso.En el comunicado se señalaba: “A los sujetos se les aseguraron las armas así como lo robado y fueron puestos a disposición de la Unidad de Investigación de Extorsiones, Fraude Telefónico y Robo a Negocio (del Ministerio Público), quien se encargó de reunir los elementos de prueba en contra de Óscar ‘N’ y César Javier ‘N’. (...) El juez calificó como legal su detención y los vinculó a proceso por robo calificado”.César denunció que no se presentaron pruebas: “No hay cuchillo, y si sacan uno, no va a tener mis huellas. Fueron solo cosas que ellos dijeron”. Aún con las deficiencias, la defensora le pidió que se declarara culpable de robo con violencia, a lo cual se negó César.Se dictó una medida cautelar de prisión preventiva de un año y dos meses para recabar más elementos.Aunque el presupuesto 2019 para la Procuraduría Social será el mismo con el que operó durante el año pasado (alrededor de 130 millones de pesos), la dependencia prevé aumentar la capacidad de atención en los servicios gratuitos de defensoría pública, informó su titular Juan Carlos Márquez Rosas.“Hablando de presupuesto, salió exactamente igual. Nosotros lo que estamos haciendo es optimizar los recursos. (...) Lo que vamos a hacer, es primero tener una disciplina financiera, administrativa, que podamos usar el presupuesto para lo que es: para trabajar. ( Buscamos) optimizar y cuidar los recursos. Creemos que con esto podremos incluso tener más personal”.Con la nueva disciplina financiera, se contempla contratar durante este mes a alrededor de diez abogados para mandarlos a las salas orales de Puente Grande, que se sumarán a los 30 que ya operan en el área penal, tanto para asuntos del sistema tradicional como para el nuevo sistema de justicia.Incluso, el procurador añadió que ya pactaron con la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social una bolsa para realizar más nombramientos, sobre todo en materia penal y familiar, que es donde más se requieren.“Creemos que podemos llegar a ocho o diez defensores más de los que se quedaron en la anterior administración, y con esto hacer frente a la gran carga laboral que hay en todos ellos. Sabemos que cada uno de ellos está llevando entre 200 y 300 asuntos. Necesitamos bajar esa carga laboral”.Lo que se intenta es que los asuntos por litigante bajen a 150 o 200, que es lo normal en un abogado particular o público, aclaró Márquez Rosas.Las condiciones de los defensores en asuntos familiares son similares, pues tienen alrededor de tres mil 500 asuntos para 24 abogados, por lo que se busca reforzar el área con tres más.En las instalaciones de la Fiscalía de la Calle 14 se tienen 12 defensores de oficio en guardias, quienes se encargan de determinar si los detenidos deben o no declarar ante el Ministerio Público. En esta área se busca crecer el número a 18 litigantes.Con el objetivo de acercar el acceso de servicios legales gratuitos a los habitantes de todo el Estado, la Procuraduría Social lanzará dos programas: Abogado en tu Barrio y Abogado Itinerante. A través de estos, los defensores públicos ofrecerán sus servicios en las colonias y comunidades de todas las regiones, informó el procurador Social, Juan Carlos Márquez Rosas.“Nosotros estamos previendo lanzar el programa Abogado en Tu Barrio, que se va a (implementar) en la Zona Metropolitana de Guadalajara a mediados de enero, principios de febrero, cuando haya ya disposición de los recursos del nuevo presupuesto”.Una vez que se realicen los ajustes a la baja en el gasto de algunos rubros como son el de viáticos y gasolina, se operará el de Abogado Itinerante con el que se desplazarán a las plazas públicas de los municipios del interior del Estado.A través de estos programas se pretende también dar capacitaciones a los municipios en el tema laboral-burocrático, pues no hay una defensa efectiva de las demandas laborales, lo que merma los presupuestos.Aunque desde el 2008 se anunció que el sistema de justicia tradicional migraría a un modelo oral acusatorio, la mayor parte de los abogados particulares no realizaron esfuerzos por capacitarse. Debido a esto, tras la entrada en vigor de los juicios orales, los defensores de oficio tuvieron que hacerse cargo de la mayoría de los asuntos, recordó Daniel Espinoza Licón, magistrado de la Primera Sala de Distrito 1.“En mi experiencia como juzgador, cuando inicia el modelo se dieron cuatro años para que se capacitaran todos los operadores, incluso que todos los litigantes particulares del Estado se pusieran a trabajar sobre el tema de profesionalizar y entender el problema del cambio de paradigma en el sistema de justicia; el problema es que muchos no se capacitaron”.Se estima que entre 80% y 90% de los asuntos penales que se llevan en Jalisco están a cargo de defensores de oficio. “El problema fue que no crearon las plazas suficientes para dar salida a la totalidad de asuntos”.Recordó que durante el arranque del nuevo sistema se contaba con sólo seis jueces y cuatro defensores de oficio para atender los casos. “Al día de hoy hay 21 jueces de control del Primer Distrito Judicial, pero defensores públicos son 10 para 14 salas, más otras dos del Reclusorio Metropolitano. Hay déficit de defensores para desahogar la totalidad de audiencias”.Incluso con la llegada del nuevo gobierno, dijo, se vencieron los contratos de muchos defensores de oficio por lo que quedaron solo cinco durante un par de días, lo que colapsó la celebración de audiencias en las salas hasta que se recontrató a los litigantes de oficio.“Efectivamente, hay un déficit porque los defensores particulares no entran tanto en acción en el nuevo modelo por falta de capacitación”.*Hasta noviembreFuente: Gobierno del EstadoSigue: #DebateInformador¿Qué opina de los servicios de defensoría de oficio que brinda la Procuraduría Social?Participa en Twitter en el debate del día @informador
