El Congreso de Jalisco arrastra asuntos pendientes en iniciativas encaminadas a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Entre otras, están sin votar propuestas para tipificar como delito los ataques con ácido en contra de mujeres, suprimir la penalización de la interrupción del embarazo o incluir en el Código Penal del Estado la violencia vicaria.Aunque ya fue avalado en la Comisión Legislativa de Igualdad Sustantiva, sigue pendiente de que se apruebe en el pleno el proyecto de reforma para establecer penas de hasta 30 años de cárcel a la persona que realice un ataque a otra utilizando ácido o una sustancia corrosiva o cualquier otra que genere lesiones.La iniciativa, presentada desde mayo del año pasado, también modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se elaboren protocolos de actuación en materia de violencia en razón de género para víctimas de ataques con agentes químicos.Establece la obligación de que los municipios regulen la venta de esas sustancias y considerar sanciones cuando se haga sin licencia.Aunque desde el 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte declaró inconstitucional criminalizar el aborto y se pronunció por garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales, el Congreso de Jalisco aún no modifica el Código Penal para eliminar el delito de aborto.Sigue vigente el artículo 228 del Código penal de Jalisco que establece pena de 4 meses a un año de cárcel a la mujer que voluntariamente procure el aborto en los primeros 5 meses de embarazo; en caso de que se realice después el castigo se duplica para llegar hasta máximo 2 años.También persiste la sanción contra quien ayude a realizar el aborto con suspensión de hasta 5 años de la profesión, si es personal médico.En el caso de la reforma sobre violencia vicaria, se presentó desde febrero del 2022, quedó aprobada en Comisiones legislativas en agosto de ese año. Se agendó para votarse en sesión de pleno del 6 de octubre 2022 pero se retiró de la discusión y fue remitida a comisiones legislativas donde permanece.La violencia vicaria se refiere como los daños físicos o psicológicos que una persona agresora ejerce generalmente sobre los hijos o hijas, con la finalidad de generar un daño a alguien con quien mantiene o ha mantenido una relación y con la que tiene hijas o hijos en común.La sanción planteada es de dos a 10 años de cárcel, así como la pérdida de los derechos que tenga respecto de las víctimas directas e indirectas, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad de hijas e hijos.
