Todo comenzó con el homicidio de Giovanni López hace un mes. Sin embargo, lo supimos hasta el miércoles por la mañana, cuando un medio de comunicación hizo público el testimonio de Christian, su hermano. El joven de 30 años fue asesinado en custodia policial en Ixtlahuacán de los Membrillos. El silencio se volvió sistema hasta que reventó en un grito ensordecedor que lanzó a cientos de ciudadanos a las calles. La brutalidad policial se había llevado la vida de Giovanni López, en este caso, y cada año le roba el futuro a miles de jóvenes pobres en todo el país. La Fiscalía del Estado, hasta ese momento cómplice de la impunidad del brutal delito, activó la investigación, giró órdenes de aprehensión contra el comisario y dos policías del municipio. Solicitó la comparecencia ante el Ministerio Público del alcalde de esta demarcación que forma parte del Área Metropolitana de Guadalajara.El jueves, las protestas que exigían justicia para Giovanni supusieron una página negra en la historia de Jalisco. Luego de no actuar durante 90 minutos, policías estatales y municipales salieron a repartir macanazos a los manifestantes. Se detuvo a 28 personas que fueron trasladas a la base de la Fiscalía en la Zona Industrial. De la misma forma, vimos en la manifestación actuaciones violentas, de parte de los enardecidos protestantes, como intentar quemar vivo a un policía o incendiar dos patrullas de la policía en las cercanías de Plaza de la Liberación. Un “modus operandi” más parecido a los famosos “anarcos” de la Ciudad de México que llegan a reventar las protestas. No teníamos registro de escenas así desde 2004 (las protestas contra la Cumbre Unión Europea-América Latina).El viernes por la mañana, cuando el gobernador anunció las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del homicidio de Giovanni, tuvo una oportunidad de oro para condenar los excesos policiales. Eso no significa alejarse del Estado de Derecho, ni tampoco exonerar a quien cometa un delito, sino apegarse a la defensa puntual de los Derechos Humanos. No hay Estado de Derecho sin debido proceso y sin garantizar las libertades fundamentales. El Gobierno del Estado, y el municipal, están obligados a proteger a los auténticos manifestantes frente a los vándalos que sólo buscan violencia. Sin embargo, el gobernador no condenó la violencia. O sólo condenó la violencia de una de las partes (los vándalos infiltrados). Por supuesto que es condenable que un supuesto manifestante quiera quemar a un policía, pero también lo es que uniformados abusen de sus competencias y no se adscriban a mínimos protocolos de uso proporcional de la fuerza.El viernes por la tarde, sucedieron los hechos más graves. Decenas de manifestantes se dirigieron a Base 14, la sede de la Fiscalía. Ahí, personas armadas, autos sin placas y personal de la fiscalía sin identificarse comenzó a “levantar” a jóvenes. Por el simple hecho de estar en la zona. A la mayoría se los llevaron a kilómetros de distancia y los soltaron sin teléfonos y sin forma de comunicarse. Una operación más parecida al crimen organizado que al Estado democrático de Derecho. Hasta el sábado, 29 hombres y mujeres continuaban desaparecidos. La autoridad no decía nada. Alfaro salió a condenar a su propia Fiscalía y a decir que llegaría hasta el fondo: “caiga quien caiga”.El gobernador explicó en un video que la orden de detener, levantar y desaparecer a jóvenes en las inmediaciones de la Fiscalía no provino ni de Gerardo Octavio Solís ni de nadie de su Gobierno. Y señaló que fue el crimen organizado, infiltrado en la Fiscalía, la que había operado para desestabilizar su Gobierno. De forma explícita, Alfaro aceptó que el crimen organizado sigue enquistado en la Fiscalía. Algo que podíamos sospechar, pero que cobra aún más relevancia cuando es el jefe del ejecutivo quien acepta dicha penetración de los delincuentes. En la misma grabación, Alfaro ordenó la liberación de los jóvenes detenidos el jueves, planteó la conformación de mesas de diálogo con los manifestantes y aseguró que estaban revisando, caso por caso, para que todas las personas en condición de desaparecidas, y que se denuncian en redes sociales, vuelvan a casa. Es altamente preocupante que el narcotráfico mande más que la Fiscalía. ¿En manos de quién estamos?Al momento de escribir estas líneas, se siguen acumulando las denuncias de personas desaparecidas. En el mismo sentido, cientos de personas comienzan a llegar a la Minerva con el objetivo de pedir la aparición con vida de sus compañeros y compañeras. Los hechos están sacudiendo profundamente al Gobierno de Enrique Alfaro. Lo que comenzó siendo un homicidio ejecutado por policías municipales en Ixtlahuacán, ahora es una profunda crisis política en el Gobierno de Alfaro. La responsabilidad de su administración es encontrar con vida a los desaparecidos y comenzar una profunda transformación del área de seguridad del Gobierno del Estado. La Fiscalía ha sido un cochinero desde hace muchos años y nadie le ha querido entrar en serio.Hasta ayer, todos esperábamos la renuncia de Gerardo Octavio Solís, fiscal del Estado. El gobernador decidió mantenerlo en su cargo, a pesar de que queda claro que no está a la altura de las circunstancias. Es un espaldarazo en un momento crítico. Nadie puede asegurar que Solís Gómez dio las órdenes para que se cometieran las atrocidades que vimos el viernes. Sin embargo, el fiscal sí es responsable de no haber sido capaz de limpiar la Fiscalía en 19 meses de Gobierno. Sí es responsable de que el narcotráfico se infiltre en sus propias narices y levante impunemente a manifestantes por un lapso de más de cuatro horas. Eso debería ser suficiente para pedirle su dimisión. ¿Cómo es posible que el titular del Ministerio Público no se haya dado cuenta, durante toda la tarde del viernes, que los policías ministeriales no estaban acatando sus órdenes?Alfaro enfrenta el momento más crítico de su carrera política. Nos despertamos este domingo sabiendo que tenemos a un ministerio público, quien debería defender a los ciudadanos frente a los criminales, o trabajando para el crimen o para otros intereses. Qué mañana, como le ocurrió a decenas el viernes pasado, agentes ministeriales nos pueden levantar a usted o a mí, y nuestras familias nunca sabrán de nosotros. Policías municipales que te matan y tu caso permanece en el silencio más aterrador durante el tiempo que tarde en aparecer en algún medio de comunicación importante. Es tiempo de recuperar aquellas propuestas de la sociedad civil, que muchos funcionarios desdeñaron, para sacudir y transformar a la Fiscalía. Es tiempo de que el gobernador haga un alto en el camino. Entienda que el éxito o fracaso de su Gobierno dependerá de las decisiones que él tome, aunque pueda existir operación de Morena para desestabilizar su administración. Culpar a otros no lo va a exonerar a él. Jalisco lo eligió como gobernador y lo eligió para que se atreva a tomar las decisiones postergadas por décadas. Alfaro se juega, en las decisiones que tome en próximas horas, la credibilidad de su sexenio.
