A 30 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector reforma de Guadalajara, representantes de colectivos de afectados denuncian atención deficiente y falta de seguimiento a sus casos.Sonia Solórzano, una de las inconformes, comentó que autoridades de los tres niveles de gobierno no han hecho los suficiente para resarcir el daño. Sostuvo que padecen secuelas de salud y que los apoyos que dicen darles son simulados y parciales. Afirmó que el fideicomiso está en riesgo de insolvencia, pues cerraría este año con sólo seis millones de pesos para atender a 57 personas.Óscar González, integrante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, consideró que hay impunidad en el caso y que las autoridades han olvidado a víctimas y sobrevivientes. Argumentó que las instancias de gobierno aplicaron una estrategia de dividir a los colectivos de víctimas para pulverizar los apoyos.Pidió a la diputada local de Morena, Claudia García Hernández, ayuda para gestionar una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y plantearle que conforme una Comisión de la Verdad para el caso 22 de abril.La legisladora morenista, que recibió a los afectados, no se comprometió a buscar la reunión y dijo que la analizará antes de dar una respuesta a la ligera. García Hernández recordó que hace unas semanas el pleno del Congreso estatal no respaldó su propuesta de crear una subcomisión para trabajar los pendientes en la atención de los afectados por las explosiones y buscar la “verdad histórica” de la tragedia.JM
