La norma que en Estados Unidos permitía la expulsión en caliente de migrantes por motivos de salud pública (Título 42) ha llegado a su fin este jueves a las 21.59 hora local de El Paso,Texas, donde las autoridades locales, estatales y federales han corrido contra reloj para prepararse ante un mayor flujo de personas.El Título 42 fue impuesto durante la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021), alabado por republicanos, denostado por activistas de los derechos humanos y mantenido por el Gobierno del demócrata Joe Biden, pese a las críticas de su propio partido, su levantamiento ha desatado rumores y una nueva batalla política entre progresistas y conservadores.Frente a la puerta número 42 de la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, a unos 15 kilómetros al este de la localidad de El Paso (Texas), reinaba la calma. En el lado norte de la valla, decenas de periodistas permanecían apostados al igual que varios agentes de la Patrulla Fronteriza. Al sur del muro de cinco metros y medio de altura, fuera del alcance de la vista, unos 400 refugiados esperan, entre la valla y el río Bravo, ser procesados y trasladados a los centros que gestionan las autoridades.A las 15.15 comenzó la operación de los agentes fronterizos que trasladó a los migrantes más vulnerables, sobre todo menores, en un autobús y varias furgonetas.El jefe de la Patrulla Fronteriza a nivel nacional, Raúl Ortiz, apuntó esta tarde que la operación de procesamiento y traslado se prolongaría 24 horas.Un agente fronterizo presente junto a la puerta confirmó que el traslado continuará e insistió en que la prioridad había sido llevarse a los niños, aunque agregó que la temperatura es suave y no supondrá un peligro para los que todavía están esperando."A partir de esta noche, la gente que llegue a la frontera sin utilizar las vías legales se considerará no apta para recibir asilo. Estamos listos para procesar y apartar de manera humana a los que no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos.", dijo en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas."No se crean las mentiras de los traficantes de personas. La frontera no está abierta", advirtió.A partir de este momento se aplicará a los refugiados que entren en el país el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos. Además, el Gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado nuevas medidas que restringen el acceso a la solicitud de asilo en la frontera con México.Estas nuevas medidas consideran "no aptos" para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EU. Sin embargo, desde el sector más ultraconservador del Partido Republicano se ha propagado la información de que el levantamiento del Título 42 supone, en la práctica, una política de puertas abiertas a la migración."Mientras el Presidente Biden abre las compuertas a más inmigración ilegal, Texas resiste", insistía esta tarde el gobernador de este estado fronterizo, Greg Abbott. El Ejército apoyará las labores de vigilancia con mil 500 soldados, el estado ha enviado refuerzos de la Guardia Nacional y la ciudad de El Paso, por ejemplo, ha habilitado 4.500 camas para recibir a refugiados que hayan superado la criba policial y ha colaborado plenamente con las agencias de seguridad para desalojar un campamento de migrantes que se instalaron hace algunos días en torno a una iglesia en el centro de la ciudad. Las normas que expiraron, conocidas como Título 42, habían estado en vigor desde marzo de 2020. Y permitían a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.El Título 42 permitió a EU rechazar rápidamente a los inmigrantes para evitar la propagación del COVID, esto no contemplaba amplias consecuencias legales para los migrantes, lo que significaba que podían intentar cruzar nuevamente múltiples ocasiones.Ahora EU volverá a implementar el Título 8 que tendrá consecuencias “más graves” para los inmigrantes que ingresan al país sin una autorización legal".
