La última conversación que Sandra Torres tuvo con su hija de 10 años fue sobre su nerviosismo por saber si entraría al equipo para el Juego de Estrellas de softbol. Horas después, Eliahna Torres fue una de los 19 niños y dos profesoras masacrados en su escuela en Uvalde, Texas.Sin poder darle descanso al episodio y con escasas respuestas sobre los 77 minutos que las fuerzas del orden esperaron en el pasillo de la escuela primaria aquel 24 de mayo en lugar de enfrentarse al agresor, Sandra Torres presentó el lunes una demanda federal contra la policía, el distrito escolar y el fabricante del arma que utilizó el atacante."Mi bebé nunca salió de la escuela", aseveró. "No hay rendición de cuentas ni transparencia. No se está haciendo nada".La demanda acusa a la ciudad, al distrito escolar y a varios departamentos de policía de "fracasar por completo" en seguir los protocolos para casos de tirador activo y de violar los derechos constitucionales de las víctimas al "atrincherarlas" dentro de dos aulas con el asesino durante más de una hora. La ciudad señaló que no comenta sobre procesos legales en marcha, mientras que el distrito escolar y la policía no respondieron de momento a los mensajes dejados en busca de comentarios.Torres cuenta con la ayuda de la rama jurídica del grupo Everytown for Gun Safety. Su demanda también está dirigida contra el fabricante del fusil semiautomático de tipo AR que Salvador Ramos utilizó para disparar más de 100 balas en la matanza.La demanda forma parte de un nuevo y creciente frente jurídico en la batalla judicial a nivel nacional sobre las armas de fuego. Aunque según la ley federal los fabricantes de armas tienen inmunidad a las demandas por delitos cometidos con sus productos, las familias de las víctimas del tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, concretaron un acuerdo por 73 millones de dólares después de demandar a Remington, el fabricante del arma que se utilizó en ese tiroteo hace una década.El acuerdo se produjo después de que las víctimas argumentaran con éxito que demandar por la comercialización bajo la ley estatal era una excepción a la medida de inmunidad federal.La nueva demanda de Uvalde alega que las tácticas de comercialización de Daniel Defense violaron la Ley de la Comisión Federal de Comercio al utilizar de forma negligente imágenes militaristas, colocación de productos en videojuegos de combate y redes sociales para dirigirse a "jóvenes vulnerables y violentos", indicó Eric Tirschwell, director ejecutivo de Everytown Law.JM
