El fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada por Reino Unidos el viernes, se enfrenta a cargos de espionaje en un caso que podría resultar en una batalla legal sin precedentes entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales de la libertad de prensa. En 2009, WikiLeaks sacudió al mundo al publicar unos 750 mil documentos clasificados de Estados Unidos y cables diplomáticos que ponían al descubierto posibles crímenes de guerra, torturas y operaciones militares secretas, además de desvelar las actividades entre bastidores de la diplomacia estadounidense.Una oficial de inteligencia militar estadounidense, Chelsea Manning, fue detenida y condenada a prisión por filtrar los archivos a WikiLeaks.Las autoridades estadounidenses alegan que Assange dirigió e incitó a Manning a robar los archivos, cuando intentó ayudarla a descifrar una contraseña a un sistema informático del Pentágono.Sobre esa base, el 11 de abril de 2019 el Departamento de Justicia (DOJ) desveló los cargos iniciales contra Assange por conspiración para entrar en un sistema informático clasificado para obtener “información de defensa nacional”, y solicitó su extradición a Gran Bretaña.Doce días después, el departamento emitió una acusación sustitutiva, con 17 cargos bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos.Decía que Assange, un ciudadano de Australia, había robado y divulgado información de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos, poniendo en peligro al país, a sus funcionarios y a sus fuentes confidenciales. Los cargos en virtud de la Ley de Espionaje son especialmente preocupantes para los defensores de las libertades civiles y los medios de comunicación.Assange se llama a así mismo periodista, y aunque Wikileaks, cuando se creó en 2006, era un nuevo tipo de producto -un sitio web que recopilaba documentos secretos y los publicaba en línea para que cualquiera pudiera verlos-, no se diferenciaba mucho de los medios de comunicación tradicionales que publicaban secretos gubernamentales.Desde esa perspectiva, las actividades de publicación de Assange podrían estar protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza explícitamente la libertad de prensa.“Los nuevos cargos se centran en recibir y publicar material clasificado de una fuente gubernamental. Eso es algo que los periodistas hacen todo el tiempo”, escribió el New York Times en un editorial el día en que se hizo pública la acusación.“Esto es lo que la Primera Enmienda está diseñada para proteger: la capacidad de las publicaciones para proporcionar al público la verdad”.El gobierno de Barack Obama (2009-2017) optó por no perseguir a Assange para evitar una pelea constitucional sobre qué es periodismo y qué no.Pero la siguiente administración del presidente republicano Donald Trump adoptó una línea dura, tachando a Assange de amenaza extranjera y a Wikileaks de “servicio de inteligencia hostil”.“El departamento se toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia. Pero Julian Assange no es un periodista”, dijo el fiscal general adjunto de Trump, John Demers, cuando se desvelaron los cargos. Assange podría paralizar cualquier extradición con apelaciones tanto en Gran Bretaña como en la Corte Europea de Derechos Humanos.Pero si finalmente es enviado a Estados Unidos, será juzgado en un tribunal federal de Alexandria, Virginia, conocido por su duro tratamiento de casos delicados relacionados con la inteligencia y el espionaje.Por la acusación original, de ayudar a un intento de entrar en los ordenadores del Pentágono, Assange se enfrentaría a hasta cinco años de prisión.Pero los cargos bajo la Ley de Espionaje podrían suponer hasta 175 años tras las rejas.Los abogados de Assange en Reino Unido bloquearon originalmente la extradición el año pasado argumentando que corría riesgo de suicidio y que no estaría seguro en las mal gestionadas prisiones estadounidenses.En la apelación, las autoridades estadounidenses prometieron a los tribunales británicos que Assange sería vigilado de cerca, no sería sometido a confinamiento solitario y no sería enviado a una prisión “supermax” que Estados Unidos reserva para los delincuentes terroristas más peligrosos. Si el caso llega a juicio, las cuestiones de lo que hizo Wikileaks y el daño que pudo haber causado podrían quedar absorbidos por las cuestiones de seguridad nacional.Assange lo ha calificado de proceso político, y sus abogados tratarán de pintarlo como tal.No está claro cómo lo ve el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden, que heredó el caso del de Trump. Biden fue vicepresidente de Obama.Gran parte de la comunidad de inteligencia estadounidense quiere a Assange procesado. Mientras, los medios de comunicación y los grupos de defensa de los derechos del país se están preparando para una lucha por principios constitucionales.“Al continuar con la extradición de Assange, el Departamento de Justicia de Biden está ignorando las graves advertencias de prácticamente todas las principales organizaciones de libertades civiles y derechos humanos del país”, advierte Trevor Timm, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa.“El caso causará un daño irreparable a los derechos básicos de la libertad de prensa de los reporteros estadounidenses”, dijo.
