El proyecto de ley sobre inmigración aprobado por el Gobierno francés en febrero "podría dificultar el acceso a la protección de los demandantes de asilo", denunció hoy la organización Human Right Watch (HRW), que pidió una modificación del texto.La reforma migratoria "en favor de un flujo migratorio, un derecho de asilo efectivo y una integración exitosa" entra hoy a debate en la Asamblea Nacional y pasará al Senado el próximo mes de mayo."Pretendiendo reforzar la eficacia del sistema de asilo, el proyecto de ley incluye en realidad una serie de medidas que restringirían el acceso a la protección", señaló en un comunicado la directora de HRW Francia, Bénédicte Jeannerod.La organización se preocupa especialmente de cuatro aspectos, principalmente de la reducción del período de solicitud de la demanda de asilo, que pasa 120 días a 90 a partir de la fecha de entrada en el territorio.HRW contestó también la disposición de disminuir los plazos de recurso a una denegación del estatus, de un mes a 15 días, la posibilidad de expulsar a una persona antes de que el juez pronuncie una sentencia definitiva y el aumento en el tiempo de detención administrativa, que pasa de 45 a 90 días.Además, la ONG reprochó al Gobierno no tratar la cuestión de la detención de menores a pesar de que Francia ha sido reprendida en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por mantener a niños inmigrantes en centros de retención.Aunque reconoció ciertas virtudes en el texto, como la protección de niños en riesgo de ser víctimas de mutilaciones sexuales y violencia en el hogar o la extensión de la reunificación familiar a padres y hermanos de un menor reconocido como refugiado, HRW pidió a los parlamentarios que introduzcan cambios."Si el Estado francés pretende mejorar la eficacia de su sistema de asilo, debería comenzar por asignar los recursos necesarios para el ya existente en lugar de castigar a los solicitantes de asilo por sus deficiencias recortando sus derechos", recriminó Jeannerod.La entidad recordó que, en 2017, el tribunal al que recurren los refugiados rechazados en un primer momento acordó proteger a ocho mil seis personas, un 16.8 % del total de demandas recibidas.El Gobierno de Macron pretende con este texto alinear la normativa francesa con la de otros Estados europeos, como Alemania, para controlar un flujo migratorio en aumento y "alejar" a quienes no reúnen las condiciones para recibir el estatus de refugiado.En 2017, el país recibió más de 100 mil peticiones de asilo, un 17 % más que el año anterior, y rechazó otras 85 mil solicitudes en la frontera del país.
