El director interino de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), Matthew Albence, informó que 35 personas han sido detenidas en las redadas masivas contra inmigrantes ilegales anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos (EU), como parte de la “Operación Resolución en la Frontera”.El funcionario explicó que otros 18 individuos fueron descubiertos y tomados en custodia de forma “colateral” durante esas operaciones que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el pasado 12 de julio para deportar a “miles” de indocumentados, acciones que comenzaron dos días después.Matthew Albence dijo que el operativo se realizó en todo el país, pero se abstuvo de informar sobre dónde o cuándo se efectuaron las detenciones.“Esto es sólo el comienzo de la operación”, defendió el funcionario de Migración y aseguró que son pacientes y continuarán “persiguiendo estos casos”.“Esto es solo una pequeña imagen de este periodo de tiempo”, afirmó Albence e indicó que entre el 13 de mayo y el 11 de julio pasado han logrado 899 arrestos de inmigrantes ilegales.De estas detenciones, consumadas como parte de las operaciones regulares de ICE, 605 habían sido condenados y 93 tenían cargos criminales pendientes.El nuevo sistema de deportaciones exprés de Estados Unidos entró en vigor ayer con el fin de acelerar las expulsiones de miles de indocumentados que no puedan demostrar a las autoridades de migración que han vivido en el país durante dos años consecutivos.El Departamento de Seguridad Nacional de ese país informó el lunes que la nueva medida permitirá las deportaciones exprés sin que los inmigrantes tengan derecho de comparecer ante un juez de inmigración, según la cadena de televisión Telemundo.El Gobierno de Trump había anunciado que a partir de ayer los indocumentados detenidos deben demostrar que han vivido en EU dos años consecutivos, si no pierden el derecho de acudir a un juicio legal.Con la medida, el Gobierno espera reducir la acumulación de casos en los tribunales.Donald Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas por frenar un acuerdo de tercer país seguro, que obligaría a la nación centroamericana a acoger a los migrantes que atraviesan su territorio. La Corte de Constitucionalidad guatemalteca impidió a su Gobierno firmar un acuerdo de asilo con EU.