Entre los años 1990 y 2010, el Gobierno de los Estados Unidos de América realizó progresos notables para mejorar la seguridad y reducir la migración ilegal en su frontera con México (lo cual ha ido a la par de un cambio en las condiciones demográficas y económicas de México). Sin embargo, a inicios del año 2014 la situación cambió, y ésta se ha deteriorado sustancialmente en el último año. Una avalancha de solicitantes de asilo de países del Triángulo del Norte de Centroamérica - Honduras, El Salvador y Guatemala- han abrumado a los oficiales fronterizos estadounidenses (y mexicanos). Se necesita atención urgente para enfrentar una crisis creciente, lo cual requiere acciones en numerosos frentes políticos: desde asuntos exteriores y asistencia internacional, reformas en el sistema de inmigración de EU y en la legislación en materia de asilo, hasta estrategias para mejorar las malas condiciones de seguridad que prevalecen en el Triángulo del Norte. Después de la preparación de este ensayo, las administraciones de Trump y López Obrador alcanzaron un acuerdo en virtud del cual México tomará medidas adicionales para intentar detener el flujo de solicitantes de asilo procedentes de América Central. Los aspectos centrales de este acuerdo son: (1) México desplegará alrededor de 6,000 integrantes de su recién creada Guardia Nacional para enfrentar los flujos de centroamericanos que cruzan por la frontera Sur de México, y (2) una expansión de los Protocolos de Protección al Migrante, bajo los cuales, un número mayor de solicitantes de asilo esperarán en México mientras se procesan sus peticiones. Aparentemente, también existe un entendimiento preliminar respecto a alguna forma de acuerdo de “tercer país seguro”, que el Gobierno de México podría enviar a su Congreso.Todo esto se traduce en un desenlace positivo: no solamente el acuerdo alcanzado hace que quede fuera de la mesa la amenaza del presidente Trump respecto a los aranceles (al menos por el momento); sino que estos pasos tienen el potencial de disuadir y alterar modestamente las redes de tráfico de personas que alimentan la crisis actual. Sin embargo, dicho acuerdo no es una solución comprehensiva ni permanente. Está por verse la forma en que éste se implementa, lo cual incluye valorar si México tiene la capacidad e infraestructura para deportar a decenas de miles de migrantes, además de atender adecuadamente el incremento de los ciudadanos centroamericanos que esperarán en México. En congruencia con el análisis original de este ensayo y las recomendaciones que lo acompañan, la situación aun requiere atención urgente y una respuesta concertada del Congreso estadounidense y del Poder Ejecutivo.El crecimiento de la región fronteriza México-EU desde la década de 1980, incluidas las mejoras en materia de seguridad, ha sido un caso poco visible pero es una historia de éxito destacable. Las comunidades fronterizas se han convertido en una de las áreas de América del Norte más vibrantes, en términos económicos y culturales; ciudades como El Paso y San Diego, están catalogadas entre las ciudades más seguras de América. La migración indocumentada de nacionales mexicanos hacia EU, que fue alguna vez el asunto central respecto a la administración de la frontera y de seguridad, se ha convertido en un problema manejable. Sin embargo, en años recientes, el incremento en solicitantes de asilo provenientes de América Central ha planteado un nuevo desafío y, en el año 2019, precipitó una crisis fronteriza y política entre México y EU. La dinámica detrás de este fenómeno es compleja e incluye cambios en aspectos económicos, gubernamentales, sociales y demográficos. Este ensayo se enfoca en los componentes de seguridad fronteriza y ejecución por parte del gobierno estadounidense y de lo que ha ocurrido en la frontera suroeste.Para las décadas de 1980 y 1990, las comunidades fronterizas se inundaron de actividades relacionadas con el tráfico ilícito. A lo largo de este periodo, en la frontera suroeste, la Patrulla Fronteriza de EU detenía regularmente a más de un millón de migrantes indocumentados por año (en su mayoría migrantes mexicanos por motivos económicos).i La situación era particularmente problemática en y alrededor de las áreas urbanas de San Diego, California y El Paso, Texas. Por ejemplo, en el año fiscal 1992, la Patrulla Fronteriza detuvo a 565,581 migrantes indocumentados en el Sector de San Diego y 248,642 en el Sector de El Paso.ii Era “una frontera que estaba virtualmente fuera de control” y “completamente porosa.”El gobierno federal carecía de los recursos suficientes para abordar adecuadamente la situación. En ese momento, la Patrulla Fronteriza contaba solamente con 4,130 agentes entre sus filasiv; además, carecía de apoyo en términos de infraestructura y tecnología, con los que ahora cuentan los cuerpos de seguridad fronterizos estadounidenses. Lo que hacían los agentes, estaba abrumado por los flujos de mexicanos que migraban por motivos económicos y cruzaban de manera ilegal hacia Estados Unidos. La situación era insostenible, así que la administración Clinton inició el proceso de reorientar el enfoque del gobierno federal.A través de una serie de innovaciones estratégicas y tácticas, a la par de inversiones masivas en recursos de seguridad fronteriza, el gobierno empujó las actividades de cruce ilícito fuera de las áreas urbanas, hacia lugares más remotos. En el año fiscal 2000, el número de detenciones en San Diego y El Paso bajó a 110,075 y 115,696, respectivamente.v Sin embargo, cuando el presidente George Bush asumió el cargo, las detenciones generales se mantuvieron elevadas, alcanzando una marca a la alza de 1,643,679 en el año fiscal 2000.vi Continuando el mismo enfoque de centrarse en las áreas de alto tráfico e invertir en más agentes, infraestructura y tecnología -e impulsado por la reorientación del gobierno federal en torno a la “seguridad nacional” después de los ataques del 9/11- la administración Bush realizó un progreso sustancial en reducir los cruces ilícitos. Para el año fiscal 2008, el numero de detenciones bajó a 705,005.vii La cantidad de detenciones continuó bajando durante la administración Obama hasta alcanzar la cifra de 408,870 en el año fiscal 2016 -y aún menor en el año fiscal 2017, con 310,531.viii Del año fiscal 2000 hasta el 2018, el número de nacionales mexicanos detenidos por la Patrulla Fronteriza bajó aproximadamente 90%.ix Diversas investigaciones han mostrado que desde el año 2014, más nacionales mexicanos han salido de Estados Unidos voluntaria o involuntariamente (ej.: deportados), hacia México, que los que han llegado a Estados Unidos procedentes de México legal o ilegalmente.Mientras las detenciones generales bajaron durante la administración Obama, un cambio se hizo evidente para el año 2013: la llegada de menores no acompañados y unidades familiares procedentes de Centroamérica, en búsqueda de asilo en los Estados Unidos. El número de menores no acompañados (MNA) encontrados por la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste aumentó de 15,949 en el año fiscal 2011 a 24,403 el siguiente año, y después a 38,759 en el año fiscal 2013.xi Para el año fiscal 2013, el numero de unidades familiares encontradas fue de 14,885 -cantidad que subió a 68,445 el siguiente año.xii Este escenario se ha convertido, como los oficiales de DHS lo atestiguaron en el 2104, una “situación urgente”, y una que ha persistido. En el año 2019 la situación explotó. Las detenciones y determinaciones de inadmisibilidad realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera suroeste superaron sustancialmente a los años anteriores. Solamente en marzo y abril, la Patrulla Fronteriza detuvo cerca de 100,000 personas cada mes. En mayo, las detenciones y las determinaciones de inadmisibilidad alcanzaron la cifra de 144,000, el nivel más alto en siete años. De esos casos, cada mes la mayoría eran menores no acompañados o unidades familiares, principalmente solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica.El principal reto en materia migratoria en la frontera suroeste de EU ha cambiado dramáticamente. La preocupación histórica en términos de aplicación de la ley era el flujo de mexicanos indocumentados que migraban por motivos económicos hacia Estados Unidos. A partir de la década de 1990 y hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha abordado de manera efectiva ese problema (ayudado por la mejora en las condiciones económicas de México y sus cambios demográficos); al aumentar el tamaño de la Patrulla Fronteriza; realizar inversiones sustanciales en infraestructura (bardas, barreras de vehículos, iluminación y caminos); desplegando tecnología de punta; y usando programas de disuasión como la remoción expedita, la repatriación interior y lateral, y el procesamiento penal selectivo.xv Mientras el número de nacionales mexicanos que son atrapados cruzando la frontera de manera ilegal ha bajado dramáticamente, debido a que se ha mejorado sustancialmente la seguridad en la frontera y al crecimiento económico en México, ha aumentado la cantidad de personas de otras nacionalidades que son atrapadas mientras intentan entrar de manera ilegal. La Patrulla Fronteriza ahora realiza muchas más detenciones de migrantes indocumentados de nacionalidades distintas a México.La mayoría de los ciudadanos no mexicanos proceden de países del Triángulo del Norte de Centroamérica -El Salvador, Honduras y Guatemala- y buscan asilo en EU. Esta migración es impulsada por una combinación de factores. La mayoría de los ciudadanos de estos países carecen de condiciones básicas de seguridad. La violencia relacionada con las pandillas y la extorsión continúan prevaleciendo, así como la violencia doméstica y familiar. Además, existe una falta de oportunidades en estos países. El crecimiento económico es anémico y por debajo de los niveles necesarios para aliviar la pobreza. A pesar de que se han logrado algunos avances, los gobiernos de los países del Triángulo del Norte no cuentan con los recursos, capacidades y experiencia para reestablecer eficazmente la seguridad pública, reorientar las economías de sus naciones y hacer frente a la corrupción endémica e impunidad.Como lo describió el Décimo Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y actual Secretario Interino de DHS, Kevin McAleenan, el flujo de solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica ha abrumado a las autoridades fronterizas de EU y ha llevado al sistema a un “punto de quiebre”.xvi La crisis tiene sus raíces en la gran cantidad de centroamericanos que llegan y en la naturaleza del proceso de asilo. Los solicitantes no intentan evadir la captura; al contrario, buscan activamente a agentes de la Patrulla Fronteriza a fin de iniciar el proceso de asilo. Una vez que están en custodia, los solicitantes de asilo deben ser alimentados, alojados y cuidados, mientras esperan a que se les realice la entrevista de “miedo creíble”. Esta entrevista es la prueba preliminar para determinar que se trata de un caso de asilo, lo cual le permite al solicitante seguir adelante con la adjudicación completa. Es un estándar relativamente bajo, el cual cumplen la mayoría de los solicitantes. Una situación que complica la habilidad del gobierno para detener a los solicitantes, es que existe una orden de una corte federal que limita estrictamente el tiempo que los menores pueden permanecer en detención. Las autoridades migratorias ahora le están otorgando a los solicitantes de asilo un “aviso de comparecencia” para asistir a la corte en una fecha posterior y los liberan en territorio estadounidense. Si el solicitante cumple con el estándar de miedo creíble, puede vivir y trabajar en EU mientras la corte de migración resuelve su solicitud de asilo.Asimismo, las cortes de migración no cuentan con personal y recursos suficientes para manejar el diluvio de casos. La acumulación de casos de migración es de aproximadamente 900,000xvii, con un número de solicitudes pendientes que excede las 300,000.xviii Es un retraso de años.xix De aquellos que tienen sus reclamos completamente adjudicados, sólo aproximadamente el 15% de los solicitantes de asilo de países del Triángulo Norte, recibirán sus peticiones.xx Sin embargo, casi todos los solicitantes de Centroamérica que llegaron en el año 2017, todavía están en EU.xxi Incluso cuando se procesa una solicitud de asilo y ésta es negada, existe una probabilidad razonable de que el solicitante nunca sea encontrado, detenido y deportado.En resumen, existen fuertes factores de “empuje” y “atracción” que fomentan la crisis de asilo. En el lado del “empuje”, los países del Triángulo del Norte son, y es probable que permanezcan así en el futuro previsible, lugares indeseables para vivir para la mayoría de sus ciudadanos y estas personas continuarán buscando una mejor vida. Por el lado de la “atracción”, el sistema de asilo y las cortes de migración estadounidense no están diseñados de una manera adecuada para manejar una avalancha de aplicaciones, lo cual tiene como consecuencia que los solicitantes pueden vivir y trabajar en EU por años, mientras sus casos se desarrollan a través de las cortes de migración y los procesos federales de apelación judicial. Los solicitantes de asilo pueden acceder a mejores trabajos en Estados Unidos que en Centroamérica, además de que EU es un lugar más seguro. De esta manera, tienen todos los incentivos para intentar pedir el asilo, a pesar de que las posibilidades de obtenerlo formalmente, sean mínimas. Las redes de tráfico de personas han explotado esta situación al máximo.Estados Unidos no elaboró sus leyes de asilo para manejar con el tipo de solicitudes que actualmente está enfrentando. El Salvador, Honduras y Guatemala ejemplifican esta situación, ya que es la prevalencia del crimen, incluyendo las pandillas y la violencia doméstica, así como la falta de oportunidades -no la persecución- lo que está causando que sus ciudadanos se vayan. La decisión del Fiscal General Jeff Sessions en el 2018 de excluir a las víctimas de pandillas y violencia doméstica del sistema de asilo pone en evidencia la medida en que los estándares de asilo en EU ya no responden a las condiciones que llevan a las personas a huir de sus países de origen. Estados Unidos, y otros países occidentales, necesitan revisar y determinar las condiciones bajo las cuales se puede disponer del asilo, u otras forma de migración legal como el estatus temporal de protección y/o las visas o permisos de trabajo temporales. Aunque esta recomendación insta a una actualización de la legislación estadounidense en materia de asilo, reconoce que el proceso de asilo y de asistencia a refugiados no puede diseñarse para remediar cada tragedia humana y desgracia que surja en el mundo.En espera de estas reformas, el Congreso debe asignar fondos adicionales para garantizar la seguridad y salud de quienes soliciten asilo. Las instituciones responsables de recibir y cuidar a los solicitantes de asilo no tienen la experiencia ni los recursos para satisfacer dichas necesidades. El Congreso debe asignar fondos adicionales, y en la medida en que sea necesario, otorgar flexibilidad de contratación para que CBP y otras agencias puedan obtener rápidamente ayuda médica, vivienda y alimentos para los solicitantes, donde sea que sean alojados. Estados Unidos no debería ser un lugar que almacena a personas bajo un puente y en donde los niños y niñas no pueden recibir el cuidado que requieren.Estados Unidos no ha construido un sistema de cortes de migración que sea capaz de manejar la amplitud y el alcance de carga de casos asociados a la migración moderna. Aunque algunas personas, como el presidente Trump, critican que se proporcione cualquier procedimiento judicial a quienes cruzan la frontera sin documentos, la oportunidad de un procedimiento justo ante un tomador de decisiones imparcial es un componente esencial del debido proceso estadounidense. El Congreso debe autorizar fondos adicionales para al menos duplicar el número de jueces en las cortes de migración, de aproximadamente 400 a 800, o más. También debería considerar que se autorice a los oficiales del Servicio de Ciudadanía y Migración de DHS -en lugar de a los jueces- para adjudicar por completo las peticiones de asilo, cuyas decisiones podrían estar sujetas a revisión a través de los procedimientos apropiados de apelación.En el corto plazo, Estados Unidos necesita implementar un proceso para escuchar de manera justa y expedita las solicitudes de asilo de los ciudadanos centroamericanos que llegan a territorio estadounidense. Por ejemplo, el gobierno podría establecer cortes regionales especializadas en asilo a lo largo de la frontera suroeste. Con personal asignado a través de comisiones temporales de los actuales jueces (u oficiales) de migración, los adjudicadores tendrían la tarea de resolver de manera justa y rápida las nuevas aplicaciones de asilo, en semanas, no en años. Este tipo de sistema tensaría al sistema migratorio restante mientras se contrata a nuevos jueces y se exploran otras medidas; sin embargo, esta tensión parece inevitable a fin de reducir el flujo de nuevos solicitantes en el corto o mediano plazo.Actualmente, el gobierno estadounidense espera a que las personas que piden asilo procedentes de Centroamérica lleguen a la frontera. Sin embargo, la frontera de Estados Unidos es un lugar pobre e ineficiente para gestionar el flujo de solicitantes de asilo. Los oficiales de CBP son personal con funciones de aplicación de la ley con responsabilidades en materia criminal y de seguridad nacional. Procesar el flujo de solicitantes de asilo resta valor a sus misiones prioritarias y pone en peligro la seguridad pública de Estados Unidos. La propuesta de la administración Trump de obligar a los solicitantes de asilo a presentar sus peticiones en los puertos de entrada, en lugar de hacerlo entre los puertos, no es una solución. Si bien eso aliviaría la presión sobre la Patrulla Fronteriza, ese cambio simplemente reubica el problema a una parte distinta de CBP, además de que socava la habilidad de la agencia para procesar el comercio y los viajes lícitos. Adicionalmente, los puertos de entrada no fueron diseñados para procesar a los solicitantes de asilo y son tan inapropiados como las estaciones de la Patrulla Fronteriza para manejar un gran número de familias vulnerables.El gobierno federal debe considerar la revitalización de los esfuerzos para dirigir a los solicitantes procedentes del Triángulo del Norte para que presenten sus peticiones ante EU en una zona segura patrocinada por Estados Unidos o en un centro regional de procesamiento en el Sur de México. Como mínimo, el solicitante debería pasar la etapa del proceso relativa a la entrevista de miedo creíble, antes de que reciba la documentación para viajar a EU para continuar su proceso. En una versión más ambiciosa, los solicitantes deberían permanecer en una zona segura, garantizada por EU, en México o en Centroamérica, hasta que su aplicación de asilo haya sido completamente adjudicada en el sitio, o a través de un procedimiento virtual. Cualquier escenario requiere de un compromiso sustancial para otorgar recursos financieros, a la par de ajustes en las políticas del Departamento de Estado y del Servicio de Ciudadanía y Migración. Reconocemos que una fuerte presencia de EU en Centroamérica puede derivar en preocupaciones políticas en dichos países con respecto a la intervención estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos se ha asociado exitosamente con México y otros países en iniciativas relacionadas con la seguridad y la migración, lo cual incluye el despliegue de personal estadounidense en el país. Este tipo de iniciativas demuestran que, a través de una diplomacia cuidadosa y de relaciones públicas, estas preocupaciones se pueden manejar satisfactoriamente.Estados Unidos también debe desarrollar un programa de reasentamiento regional, bajo el cual los ciudadanos centroamericanos que tengan una solicitud de asilo aprobada, puedan instalarse en otros países del hemisferio occidental. Este tipo de programas quitaría incentivos a las personas que migran por motivos económicos y que utilizan el sistema de asilo para obtener dicha condición en EU. Al mismo tiempo, quienes realmente necesiten la protección del asilo, aún encontrarían protección en un país seguro.Mientras las condiciones en Centroamérica permanezcan pobres, sus ciudadanos buscarán irse para tener una mejor vida en Estados Unidos, y cada vez más en México.En consecuencia, Estados Unidos necesita una implementar una ambiciosa agenda de desarrollo para Centroamérica: el Plan Marshall se encuentra con el Plan Colombia; es decir, una iniciativa de desarrollo sustancial que se adapta alas condiciones únicas que impulsan la crisis en los países del Triángulo del Norte. La magnitud del problema requiere un nivel de esfuerzo proporcional: ayuda extranjera, asistencia técnica, incentivos económicos y cooperación en materia de seguridad. Sin duda, este enfoque tardará en dar resultados, pero no se puede ignorar a los “factores de empuje” que impulsan al éxodo actual del Triángulo del Norte.La necesidad urgente de primer nivel es restaurar la seguridad pública. Al trabajar con aliados como México y Colombia, Estados Unidos debe desplegar una gran cantidad de agentes de aplicación de la ley y recursos de inteligencia para abordar el problema de la violencia de pandillas y otras amenazas a la seguridad ciudadana. Trabajar con y a través de nuestros aliados, y quizá bajo el auspicio de la Organización de los Estados Americanos (u otro acuerdo multilateral), Estados Unidos podría mitigar las preocupaciones históricas de América Latina respecto a la intervención estadounidense. Experiencias recientes en Colombia y en México han dado importantes lecciones; sin embargo, la estrategia debe enfocarse en atender las condiciones específicas que prevalecen en el terreno en Guatemala, El Salvador y Honduras.
