El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea enviar militares a la frontera con México bajo el argumento de que su país tiene débiles regulaciones migratorias, pero la ley prohíbe a las tropas realizar operaciones policiales dentro de su territorio. Aunque los presidentes George W. Bush y Barack Obama desplegaron elementos de la Guardia Nacional en 2006 y 2010, de manera respectiva, sus acciones se limitaron al apoyo a la Patrulla Fronteriza y no en operaciones de cumplimiento de la ley, como arrestos o detenciones migratorias. Desde 1878, la Ley Posse Comitatus promulgada por el entonces mandatario Rutherford Hayes, limitó el poder del presidente para utilizar personal militar en operaciones domésticas de cumplimiento de la ley. Luego la ley fue actualizada en 1956 y 1981. Aunque la legislación se aplicó originalmente sólo al ejército, y más adelante a la Fuerza Aérea, tanto la Marina como la Infantería de Marina (Marines) establecieron directrices similares que prohíben el involucramiento militar en tareas de cumplimiento de la ley en casa. En 2006, el presidente George W. Bush envió alrededor de seis mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México, como parte de la operación "Jump Start" (Arrancón), para lograr el apoyo en el congreso a una reforma migratoria en el año electoral. Los elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados con armamento, pero bajo estrictas reglas de que les prohibían el uso de la fuerza, salvo para proteger su integridad física. Los entonces gobernadores Arnold Schwarzenegger (California), Janet Napolitano (Arizona) y Bill Richardson (Nuevo México) expresaron en su momento su oposición a la presencia de largo plazo de la Guardia Nacional. Bajo el marco legal vigente, los gobernadores mantienen el control de los elementos de la Guardia Nacional que operan dentro de sus estados. En el caso de Bush, el gobierno federal pagó el costo del desplazamiento, como parte de un presupuesto de 1.9 mil millones de dólares. Con un argumento similar, el presidente Obama desplegó mil 200 elementos de la Guardia Nacional y solicitó un presupuesto adicional de 500 millones de dólares para proteger la frontera con México. El despliegue de la Guardia Nacional por parte de Obama ocurrió después de la muerte de un ranchero de Arizona, que había reportado actividad de contrabando de drogas en su propiedad. Aunque el presidente Trump no mencionó si planea enviar a elementos de la Guardia Nacional o tropas en activo, legalmente tendría varias opciones. Bajo un escenario posible, el presidente podría "federalizar" a la Guardia Nacional para ser enviada a los estados fronterizos, pero para ello requiere la autorización formal de los gobernadores y negociar el pago del despliegue. En caso de decidirse por las tropas militares en activo, la ley Posse Comitatus limita su trabajo a operaciones de apoyo, entrenamiento, vigilancia, logística, reconocimiento o como fuerza de disuasión con su sola presencia física. Sin embargo, las topas no pueden involucrarse en acciones policiales como el arresto de personas o actividades de disuasión o el uso de la fuerza letal. Trump dijo haber hablado del despliegue de tropas con el secretario de Defensa, James Mattis, pero no dejó en claro ni el número de tropas ni el inicio del envío de los militares ni la duración del operativo y el pago de la operación. JA
