Hace unos días, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, informó que se pidió a la Real Academia Española (RAE) un estudio para adecuar la Constitución de España a un lenguaje inclusivo.Esto generó reacciones tales como la del escritor Arturo Pérez Reverte, quien aseguró que abandonaría la Academia si se acepta la reforma. Darío Villanueva, director de la institución lingüística, afirmó a ABC que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión pero independientemente la RAE tiene la obligación de realizar el informe solicitado.Académicos han asegurado que dentro de la institución hay una tensión de relación personal entre los miembros, "no una grieta en el criterio gramatical que tenemos claro". El encargo "es una bomba de relojería para la RAE, además de un disparate, sostiene un académico consultado por ABC.Soledad Puertólas, escritora e integrante de la Academia, indicó que el problema está en la calle, en la prensa y en los bares. "Claro que hay que echar un vistazo a la Constitución y hablar de todo", indicó a El País.Inés Fernández-Ordóñez indicó que el debate está en la calle pues en los textos administrativos se puede hacer constar la presencia de la población femenina y recoger de una forma sensible.Villanueva había indicado que dicho informe que ha dividido a la RAE no estará al menos hasta octubre y se tratará de un trabajo serio.NM
