Hace menos de una semana, el entonces presidente peruano Pedro Castillo llamó a las instituciones peruanas "a la más amplia unidad" y negó la posibilidad de disolver el Congreso ante el riesgo de que los legisladores alcanzaran los votos necesarios para destituirlo. Sin embargo, este miércoles dio marcha atrás, cerró el Parlamento siguiendo los pasos de al menos un par de sus predecesores y el Legislativo igualmente declaró su vacancia poco después.Castillo fue el primer presidente investigado en funciones y este fue el tercer intento de la oposición para removerlo "por incapacidad moral permanente" desde el inicio de su gobierno.Aquí un panorama general sobre la más reciente crisis política en el país andino.Castillo, de 53 años, era un profesor rural y fue el primer presidente de origen campesino en 200 años de independencia de Perú.Ofreció luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión.El Congreso peruano informó la semana pasada que hizo un nuevo pedido para debatir la destitución del entonces presidente. Fue el tercer intento legislativo por removerlo bajo el argumento de "incapacidad moral permanente" desde el inicio de su gobierno.Hasta antes de la disolución del Parlamento se desconocía si la oposición legislativa alcanzaría los 87 votos necesarios para destituirlo, pero al final se alcanzaron 101 votos a favor para su destitución, 6 en contra y 10 abstenciones.La incapacidad moral permanente es una cláusula incorporada a las leyes constitucionales peruanas hace más de 180 años y "no tiene una definición objetiva", según los expertos. En el siglo XIX significaba "locura", pero ahora muchos la relacionan con la corrupción.Es la octava vez desde 2017 que el Parlamento ha usado el argumento de "incapacidad moral permanente" para intentar remover presidentes, contribuyendo a una crisis política que continúa hasta el momento.Castillo tiene cinco investigaciones en su contra, cuatro por presunta corrupción y otra por un presunto plagio realizado en su tesis de maestría hace una década.La fiscalía argumenta que el ahora exmandatario aprovechó su posición de poder para beneficiarse económicamente junto a un grupo de familiares, funcionarios y amigos. Él rechaza todas las acusaciones.En Perú un presidente no puede ser juzgado durante su gobierno porque según la constitución eso solo puede darse en caso de traición a la patria, disolución del Parlamento por casos diferentes a los permitidos, no convocar elecciones o impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales.Desde 2016, Perú vive en una crisis política caracterizada porque los Parlamentos y presidentes de turno buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 el mandatario Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto a Castillo.En 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori también disolvió el Parlamento. Permaneció en el cargo ocho años más hasta que dejó el poder acosado por escándalos de corrupción en la compra de congresistas de otras bancadas. Fujimori cumple una condena en prisión por 25 años por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos en los primeros años de su gobierno, también está condenado por corrupción.Con la tensión política en auge, Castillo pidió a la Organización de Estados Americanos que envíe una misión. Tras la visita a Perú y una serie de entrevistas con actores políticos y representantes de las instituciones públicas, como la fiscalía o el sistema judicial, el grupo de la OEA presentó un informe en el que recogía su preocupación por las muestras de desestabilización interna y apeló a que las partes inicien un "diálogo incluyente" y una tregua política que permita asegurar la gobernabilidad y mantener la democracia.El parlamento es muy impopular entre los peruanos, más que el actual exmandatario, según diversos sondeos.El 86% desaprobaba su gestión, mientras 10% lo aprobaba. Castillo sumaba 61% de impopularidad y 31% de popularidad, según una encuesta de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos.OA
