Un grueso sector de la oposición boliviana asumió este jueves el compromiso de gestionar ante la OEA la aplicación a Bolivia de la Carta Democrática Interamericana para frenar una nueva candidatura del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006, a un cuarto mandato sucesivo.El acuerdo fue labrado este jueves en la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, en una reunión entre dirigentes de organizaciones civiles y los candidatos presidenciales Carlos Mesa, Oscar Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas y Virginio Lema. Estuvieron ausentes otros tres candidatos, entre ellos el expresidente Jaime Paz (1989-1993).El presidente del comité cívico de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, informó que se acordó "pedir y gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante organismos internacionales" a Bolivia. Por este mecanismo, un país podría ser suspendido de la OEA por acuerdo de sus miembros.En medio de fuertes cuestionamientos a la decisión de Morales de postularse nuevamente, Bolivia efectuará primarias este 27 de enero e irá a elecciones presidenciales en octubre próximo.Los opositores y los líderes civiles reiteraron, en el acuerdo público, su rechazo a la candidatura de Morales, "por ser ilegítima, anticonstitucional, ilegal y antidemocrática.Morales perdió un referendo en 2016 para habilitarse, pero un año más tarde logró que el Tribunal Constitucional (TC) le diera luz verde a una nueva postulación aduciendo que se trata de un derecho humano. Al respecto, pidieron a Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José que el TC invocó para habilitar a Morales.El acuerdo entre un grueso de la oposición coincidió con la aprobación en el parlamento, dominado por el oficialismo, de una investigación interna que establece responsabilidades económicas por 21 mil millones de dólares por la privatización de empresas entre 1985 y 2005.Las responsabilidades incluyen a tres actuales candidatos presidenciales, Mesa, Cárdenas y Paz Zamora, quienes gobernaron en esos años. El Parlamento derivó a la Fiscalía, Procuraduría General y Ministerio de Justicia los antecedentes para que definan qué acción legal asumir.CE
