Alexander Martínez dice que huyó de la homofobia, la persecución del gobierno y la famosa pandilla MS-13 en El Salvador, pero lo que encontró fueron abusos y acoso en el sistema estadounidense de detención de inmigrantes.Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en abril, el salvadoreño de 28 años ha pasado por seis centros distintos en tres estados. Dice que se contagió de COVID-19, recibió insultos racistas y abusos de guardias y sufrió acoso de otros detenidos por ser homosexual."Me veo emocionalmente inestable porque he sufrido mucho en la detención", dijo Martínez la semana pasada en el Correccional Winn de Luisiana. "Nunca imaginé ni esperé recibir este trato inhumano".Es uno de los cada vez más migrantes en centros de detención en todo Estados Unidos. Muchos de ellos, como Martínez, han superado sus primeras entrevistas para pedir asilo en el país.El número de detenidos es más que el doble que al final de febrero, casi 27 mil personas para el 22 de julio, según los datos más recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Eso supera los 22 mil detenidos el julio pasado bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, aunque sigue muy por debajo del récord de agosto de 2019, cuando había más de 55 mil detenidos, según datos del ICE.El aumento de las detenciones es doloroso para los aliados proinmigración del presidente, Joe Biden, que esperaban que cambiara la dura estrategia de su predecesor. Biden prometió en su campaña poner fin a la detención "prolongada" y el internamiento de inmigrantes en prisiones privadas, que alojan a la mayoría de las personas retenidas por el ICE."Estamos en un momento muy extraño con él", dijo Silky Shah, director ejecutivo de Detention Watch Network, que hace campaña para acabar con la detención de inmigrantes. "Aún hay tiempo para cambiar las cosas, pero por ahora sus políticas no han estado a la altura de sus mensajes de campaña".El gobierno de Biden canceló en mayo los contratos con dos controvertidos centros de detención del ICE, uno en Georgia y otro en Massachusetts, una decisión elogiada por activistas que confiaban en que pudiera ser el inicio de una campaña más amplia.Pero ningún otro centro ha perdido su contrato con el ICE y Biden ha propuesto financiar 32 mil 500 camas de detención para migrantes en su presupuesto, una ligera reducción de las 34 mil financiadas por Trump.El presupuesto de Biden reduce el número de plazas de detención del ICE y transforma parte de los recursos para tramitar salidas en libertad condicional y otras alternativas, según un vocero de la Casa Blanca.El creciente número de solicitantes de asilo detenidos durante largos periodos es uno de los datos más preocupantes, dijo Heidi Altman, directora de política en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.El número de detenidos que han superado su primer filtro en el proceso de asilo ha pasado de unos mil 700 en abril a 3 mil 400 a finales de julio, lo que les convierte en aproximadamente el 13% de todos los detenidos, según los últimos datos del ICE.Martínez pasó su primer filtro en mayo, que determina si un solicitante tiene un "miedo creíble" a la persecución en su país de origen.Pero sus abogados dicen que el ICE le mantiene detenido por la creencia errónea de que pertenece a la MS-13.Martínez dijo haber huido de El Salvador después de que su familia y él recibieran amenazas de muerte porque declaró contra la pandilla en la investigación de la muerte de un amigo. Él dice que los investigadores intentaron que declarase en otros casos de asesinatos relacionados con las pandillas, pero él era reacio porque no había presenciado esos crímenes.Agentes del ICE en Nueva Orleans declinaron hacer comentarios sobre el caso de Martínez y sobre las preocupaciones específicas por el trato que reciben los presos en Winn. Los funcionarios citaron leyes federales de confidencialidad que afectan a casos con víctimas de violencia y otros delitos.Hace tiempo que Winn, uno de los centros de detención del ICE más grandes del país, provoca indignación entre defensores de los derechos civiles. El Southern Povert Law Center pidió en junio al gobierno de Biden que cancele el contrato del gobierno con el centro debido a abusos, negligencias médicas, racismo y otras formas maltrato en el recinto, situado en medio de un denso bosque en la Luisiana rural y rodeado de alambre con cuchillas.Martínez explicó que se pasa la mayor parte de sus días en la celda, con acceso limitado a comunicaciones y ocio."Es muy difícil y miserable, y estoy solo todo el tiempo", dijo. "Soy una buena persona. Este trato es inhumano". Quiere instalarse en San José, California, donde un amigo prometió ayudarle a conseguir trabajo. Quiere enviar dinero de vuelta a El Salvador, donde su madre tiene cáncer y su hermana menor está en la universidad. "Sólo quiero lo que quiere todo el mundo", dijo Martínez. "Salir, ser libre y ayudar a mantener a mi familia".El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó esta semana su compromiso de impulsar a corto plazo una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados, al incluirla en una ley de gasto que los demócratas quieren aprobar sin votos republicanos.Biden recibió en la Casa Blanca a una docena de líderes latinos, con los que abordó desde la inmigración hasta la economía y la crisis climática en un intento de mejorar su relación con los hispanos, que le votaron en una proporción menor de lo esperado en las elecciones de 2020.Durante la reunión, que duró más de una hora y media y a la que también asistió la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente "expresó su apoyo a una reforma migratoria a través del proceso de reconciliación" que impulsan los demócratas en el Congreso, explicó la Casa Blanca en un comunicado.Ese proceso implica incluir una solución para los indocumentados en el paquete de gasto social de 3.5 billones de dólares que impulsan en el Congreso los demócratas -el partido de Biden- y que quieren aprobar mediante un mecanismo conocido como reconciliación, que les permitiría prescindir de votos republicanos.La propuesta de los demócratas abriría una vía a la ciudadanía para los "soñadores", jóvenes que llegaron al país siendo niños, además de millones de indocumentados que han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).EFE
