La pandemia del coronavirus ha puesto en debate en Colombia la precaria situación laboral de numerosos médicos, enfermeras y personal sanitario que ahora enfrentan además la discriminación de vecinos que creen que pueden contagiarlos con la COVID-19. Después de los aplausos nocturnos con los que los colombianos reconocieron al comienzo de la pandemia el trabajo de los profesionales de la salud, médicos y enfermeras han denunciado en los últimos días distintas formas de rechazo social. En ciudades como Bogotá y Barranquilla hay denuncias de que conductores de autobuses públicos pasan de largo de las estaciones cuando los ven de blanco, lo que los obliga a esconder su uniforme para poder acceder al transporte. Ante eso, Transmilenio, la empresa de autobuses públicos de Bogotá, puso en operación este miércoles 11 rutas preferenciales para el personal de salud y demás trabajadores del sector, que pasarán cerca de los principales hospitales de la ciudad. El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este miércoles 159 casos nuevos de coronavirus, con lo cual ascendió a mil 065 el total de contagios en el país, y registró un fallecido más, lo que aumenta a 17 la cifra de muertes.Médicos también han informado de hostilidad por parte de vecinos que les piden a quienes viven en arriendo que desocupen la vivienda, como le sucedió al joven Cristian Botache, expulsado de un conjunto de apartamentos al que se había mudado recientemente en la ciudad de Cali (suroeste). "Piensan que alguien que trabaje en un hospital no debe vivir en el mismo edificio donde ellos viven", dijo Botache a Caracol TV. Algo similar le sucedió a un auxiliar de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Meintegral del Hospital Regional del Líbano, en el departamento del Tolima (centro), a quien dijo que el domingo pasado no se le permitió la entrada a un supermercado pese a que en esa localidad no hay todavía casos confirmados de COVID-19. Distintas organizaciones médicas se han pronunciado para expresar su enfático rechazo a esa discriminación "que comienza a presentarse en las diferentes ciudades del país". "Nada justifica dicho comportamiento que debe ser atendido de inmediato por las autoridades y entes respectivos", manifestó en un comunicado la Sociedad Colombiana de Pediatría, según la cual, "el mejor aplauso que se puede recibir es el del respeto y la consideración" hacia el personal sanitario. Ante el aumento de estas agresiones, el presidente colombiano, Iván Duque, anunció hoy sanciones para quienes no respeten a quienes se juegan la vida a diario para salvar a los contagiados con la COVID-19 y velar por la salud de la población en general. "Me parece absurda la discriminación, me parece absurdo, me parece inadmisible, me parece, además, que es torpe", manifestóDuque en una entrevista con la Radio Nacional. El presidente aseguró que quien discrimine al personal de la salud "no solamente debe tener una gran sanción social, sino que, además, debe tener una sanción económica". Duque subrayó que si una persona da positivo para coronavirus "no la podemos juzgar de nada, porque el día de mañana podemos ser nosotros los que lo tengamos". El presidente se refirió además a las condiciones de los trabajadores de la salud y dijo que hay que "valorarlos a ellos, porque están dando todo, absolutamente todo, por nuestro país". La pandemia de la COVID-19 ha sacado a flote las precarias condiciones laborales del personal de la salud, incluidos médicos, muchos de los cuales carecen de contratos fijos. Según datos del sector, el 75% de los galenos en Colombia son médicos generales, lo que representa una fuerza laboral de 55 mil profesionales en ejercicio. La mayoría de ellos, así como muchos especialistas "son contratados por la modalidad de Orden de Prestación de Servicios (OPS), que no incluye primas, ni vacaciones, ni ninguno de los beneficios previstos por la ley", explicó a Efe el ginecólogo Alberto Pérez. Los médicos colombianos también tienen que lidiar con constantes atrasos en los pagos mensuales por parte de hospitales, clínicas o Empresas Prestadoras de Salud (EPS), que por la Ley 100 de 1993, que reformó el sistema de salud, hacen de intermediarias entre el Estado y centros sanitarios. "Lo que hay que hacer ya: Pagar nóminas atrasadas, garantizarles bioseguridad" a médicos, enfermeras y auxiliares, reclamó en su cuenta de Twitter el senador Roy Barreras, médico de profesión. Según Barreras, ante la demanda de personal sanitario por el coronavirus, el Gobierno debe asegurar recursos para hospitales y Secretarías de Salud regionales para contratar supernumerarios, así como contratar a todos los médicos que están por concluir su formación y "pagar a todos los residentes" por su trabajo. IM
