El presidente francés, Emmanuel Macron, echó balones fuera y se quiso mostrar sereno este viernes, en sus primeras declaraciones tras la confirmación de que hay una investigación sobre presuntas irregularidades en las cuentas de las campañas electorales de 2017 y 2022, en las que salió victorioso."Es normal que la Justicia haga su trabajo", afirmó Macron a los periodistas que le preguntaron durante un desplazamiento a la ciudad de Dijon sobre el anuncio de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) sobre los dos procedimientos que están en marcha desde el 20 y el 21 de octubre.Aseguró que se enteró como todo el mundo por el comunicado del PNF ("a mí no me ha llamado nadie") e hizo hincapié en que las cuentas de su campaña de 2017 ya han sido escrutadas, también por la Justicia, y validadas de acuerdo con las normas previstas.Las de 2022 -añadió- también van a ser objeto de control como las de los otros candidatos.Macron aseguró que no teme "nada" y, con un toque de ironía, afirmó que a su parecer él no es el centro de la investigación judicial, ya que ni su nombre ni el de su partido aparecen en el comunicado de la Fiscalía."Quiero que la Justicia haga su trabajo de forma normal" y "que se haga toda la transparencia", insistió después de haber hecho notar que "algunos lo querrían politizar".La primera de las dos investigaciones se refiere a posibles ilegalidades en las cuentas de las campañas electorales de 2017 y 2022 por la posible implicación de consultoras que tienen contratos millonarios con la Administración.El jefe del Estado, que mientras permanezca en el cargo está protegido por su inmunidad presidencial y no puede ser convocado por la Justicia, precisó que el presidente de la República no es el que atribuye esos contratos.El segundo procedimiento alude a sospechas de favoritismo y de receptación, es decir, haberse beneficiado de esos tratos de favor.Una de las cuestiones que hay detrás es que miembros de las consultoras que están en el objetivo de la Justicia, y en particular McKinsey, participaron -teóricamente de forma voluntaria- en la campaña de Macron para ayudarle a llegar al Elíseo.Se trata de establecer si esa ayuda pudo hacerse a cambio de sustanciosos contratos posteriormente para la empresa.Toda esta acción judicial se activó a partir de un informe de una comisión de investigación del Senado presentada a mediados de marzo sobre la influencia creciente de las consultoras en el trabajo de las administraciones públicas durante el mandato de Macron.La comisión parlamentaria, creada a iniciativa de un grupo de senadores de la oposición de izquierdas, ponía el acento en sus conclusiones en que desde 2018 el Gobierno había duplicado el recurso a consultoras privadas para múltiples trabajos de la Administración del Estado, hasta representar 894 millones de euros en 2021.Y ese aumento de contratos atribuidos a las consultoras -reprochaba- se había hecho sin transparencia. McKinsey, que era una de las principales beneficiarias, además, no había pagado el impuesto de sociedades entre 2011 y 2020.-vll
