El Gobierno del presidente Donald Trump impugnó ayer el fallo de un juez federal que bloqueó temporalmente su decisión de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), y anunció su intención de pedir que la Corte Suprema revise el asunto incluso antes del pronunciamiento del tribunal.Con su recurso ante el Tribunal Supremo, el Gobierno estadounidense se salta el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, que ha fallado en numerosas ocasiones en contra de las políticas de Trump, pero al que le correspondería decidir sobre el fallo del juez de William Alsup, de la corte del distrito Norte de California.El secretario de Justicia, Jeff Sessions, advirtió en un comunicado que la decisión de un solo juez federal sobre el DACA ha contravenido la “ley y el sentido común”; aunque en su fallo, Alsup dijo que los abogados que apoyan a los dreamers —como se identifica a los chicos protegidos por el programa— demostraron con claridad que los inmigrantes jóvenes “podrían sufrir perjuicios graves e irreparable” sin la intervención de una corte.Mientras el presidente no deja de sorprender con sus dobles discursos respecto a los jóvenes inmigrantes, el senador demócrata Dick Durbin, integrante del grupo negociador sobre un acuerdo migratorio en el Senado, dijo ayer que el texto legislativo acordado por demócratas y republicanas se publicará hoy, a pesar del rechazo del mandatario.La intención del grupo bipartidsta es que el proyecto se vote “lo más rápido posible”, por lo que han instando al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, para que someta el texto a un “voto de prueba” que pueda demostrar el nivel de apoyo que podría obtener la propuesta.Entre otras cosas, el acuerdo propone una ley que facilite la ciudadanía a más de un millón de jóvenes que ahora son susceptibles de ser deportados, los dreamers.Además, se contempla la eliminación de la lotería de visados, con la que ahora se reparten 50 mil permisos al año, para transformar la mitad de ellos en visados para quienes se han visto afectados por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS).California se ha convertido en el principal muro de contención de buena parte de las medidas del presidente Donald Trump en su primer año en la Casa Blanca, que se cumple el sábado, en un enfrentamiento que expertos prevén se mantenga este 2018.La resistencia que el Estado ha entablado contra la Administración Trump se ha recrudecido especialmente en temas como la inmigración, la reforma sanitaria, la lucha contra el cambio climático y la relación con México.El gobernador, Jerry Brown; el fiscal general, Xavier Becerra; el presidente del senado estatal, Kevin De León, y alcaldes de grandes ciudades se unieron a esta cruzada que hasta ahora ha dejado victorias importantes como la promulgación de la Ley de los valores de California, SB 54.La medida, que entró en vigor el pasado 1 de enero convirtió al Estado en un “santuario” y limita la colaboración de las autoridades locales con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas.En cuanto al cambio climático, el Estado asumió la bandera para lograr sus propios acuerdos, como si fuera un territorio independiente.Buena parte de esta guerra se dirime en los tribunales, en las más de 20 demandas que el fiscal general de California ha presentado en contra de las medidas de Trump, especialmente en un tema tan relevante para el magnate como la inmigración.EFEEl presidente Donald Trump aseguró ayer que quiere acoger a inmigrantes de “todas partes”, luego de la polémica que provocó al señalar que no estaba dispuesto a recibir ciudadanos procedentes de “agujeros de mierda”, como El Salvador y Haití, de acuerdo con algunos participantes en una reunión la semana pasada en la Casa Blanca.“Queremos que vengan de todas partes”, dijo Trump consultado sobre su política migratoria durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev.El mandatario parece no convencer al negar que haya hecho esa clase de comentarios, por lo que ayer salió en su defensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien rechazó ante un comité del Senado que Trump usara esas palabras, aunque admitió que hubo “insultos” y empleó un “lenguaje duro”.El senador demócrata Dick Durbin le preguntó a que se refería con ello, y Nielsen contestó que no recordaba las palabras “específicas”, aunque se sintió “sorprendida” por la “obscenidad” que surgió durante el encuentro.Tradicionalmente, como representante electo de todo el país, el presidente se encarga de guiar al Congreso en temas de alto perfil, como una eventual reforma migratoria.Sin embargo, Trump ha demostrado que es “incapaz” de desempeñar ese papel debido a su carácter “inconsistente” y su “ignorancia” sobre los procedimientos políticos, afirmó Michael Cornfield, profesor de Política de la Universidad George Washington.El carácter imprevisible del presidente salió a relucir, otra vez, en las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el futuro del DACA.Según la consultora política Liz Mair, que ha trabajado para importantes figuras del Partido Republicano, los ataques de Trump pueden desestabilizar aún más el proceso negociador en el que el senador demócrata Dick Durbin juega un papel fundamental.En ese tenor, el futuro en política migratoria dependerá de si Trump logra contenerse sus exabruptos y permitir un acuerdo que beneficie a los dreamers.
