El Gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega, apuntó un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al Gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.“El nivel de persecución es tal, que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.El Gobierno de Nicaragua rechazó el análisis al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al presidente Ortega.Además señaló que la misión del organismo no fue invitada para hacer una observación con fines de verificar el estado de los derechos, por lo tanto el contenido del informe es el resultado de un trabajo que se ha extralimitado en sus alcances y que incluso violenta la soberanía nicaragüense.
