La nueva ley de Texas que facilita las deportaciones sin el debido proceso fue criticada ayer por la Casa Blanca, pues considera que afecta a los migrantes. En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la medida de “radical” y señaló que “demoniza” y “deshumaniza” profundamente a los migrantes que llegan a Estados Unidos, pero no aclaró si la administración de Joe Biden demandará al Estado para frenar la legislación.Además, agregó que no servirá para aumentar la seguridad en las poblaciones texanas cercanas a la frontera con México.“Esto no es lo que debemos ser como país”, reivindicó Jean-Pierre, quien recordó que esto se suma a una serie de políticas antiinmigración que puso en marcha el republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, como la colocación de alambres de púas en la frontera. Hay cientos de fechas grabadas en las columnas de acero y concreto a lo largo de la frontera estadounidense con México, registro de los momentos en que la patrulla fronteriza ha reparado las roturas ilegales de la barrera. Sin embargo, cada vez que una rotura es reparada, en poco tiempo otra columna es cortada, quemada o martillada para permitir el paso de grandes grupos de migrantes.Las roturas se extienden por 48 kilómetros a lo largo de la vía oeste de Lukeville, un pueblo en medio del desierto de Arizona que no tiene más que un cruce fronterizo oficial, un restaurante y una tienda. Las fechas de las reparaciones datan en su mayoría desde la primavera de este año, cuando la región se convirtió en el punto activo de cruces ilegales.La patrulla fronteriza ofreció un paseo en Arizona, donde mostró mejoras en las condiciones de detención de migrantes y en los cronogramas de procesamiento, pero el flujo humano es abrumador. El pronunciado aumento ha agravado la frustración hacia las políticas migratorias del Gobierno de Joe Biden y ha intensificado la presión sobre el Congreso para que llegue a un acuerdo en torno a las normas para solicitar asilo, tanto así que la Casa Blanca y algunos demócratas en el Congreso están considerando importantes límites al proceso de asilo, como parte de un acuerdo que incluya un paquete de ayuda a Ucrania.Mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, salía de conversaciones a puerta cerrada con líderes legislativos el viernes, decenas de migrantes de Senegal, Guinea y México caminaban a lo largo de la muralla fronteriza construida en Arizona durante la presidencia de Donald Trump, con la intención de entregarse a los agentes. Una mujer mexicana caminaba aceleradamente con sus dos hijas y cinco nietos de entre dos y siete años, tras ser dejada allí por un autobús y recibir instrucciones de guías.Las fechas donde las roturas en la barrera fueron reparadas con frecuencia están una al lado de otra, escritas en blanco sobre el acero oxidado. En una columna se veían cinco fechas entre el 12 de abril y el 3 de octubre. El viernes, los agentes recorrían la barrera buscando huecos y hallaron uno en una columna que ya había sido reparada dos veces: una el 31 de octubre y la otra el 5 de diciembre.AP La SB4 convierte en delito el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. Este delito es sancionable con penas de prisión que pueden ascender a 20 años si el infractor es reincidente. Uno de los aspectos más polémicos de esta ley es que los oficiales de policía podrán detener a cualquier persona por la sola sospecha de que puede ser un migrante que ingresó ilegalmente al Estado, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo. Grupos defensores de derechos civiles interpusieron una demanda que impugna la constitucionalidad de una nueva ley de Texas que permitiría a la policía detener a migrantes que crucen la frontera ilegalmente y a los jueces locales ordenar su deportación.La demanda, presentada ante un tribunal federal en Austin, argumenta que la medida programada a entrar en vigor en marzo de 2024 es inconstitucional debido a que la inmigración es competencia exclusiva del Gobierno federal.La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su filial en Texas, y el Texas Civil Rights Project interpusieron la demanda menos de 24 horas después de que el gobernador Greg Abbott, promulgó la medida durante una ceremonia en la frontera de Estados Unidos con México en Brownsville.Los grupos de derechos civiles entablaron la demanda a nombre del condado de El Paso y de dos grupos de ayuda a migrantes con el objetivo de declarar ilegal la medida, conocida como SB 4, e impedir su implementación.“La SB 4 crea un nuevo sistema estatal para regular la inmigración que pasa por alto y entra en conflicto por completo con el sistema federal”, señala la denuncia.La demanda fue presentada contra el titular del Departamento de Seguridad Pública de Texas y contra el fiscal de distrito del condado de El Paso, cuya oficina podría procesar casos en esa comunidad fronteriza.Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública se negó a comentar sobre la situación, bajo el argumento de que se trata de un proceso abierto. Una persona que contestó el teléfono de la oficina de Hicks dijo que no estaba disponible y que no tenía comentarios. AP CT
