Las autoridades migratorias intentan nuevamente revocar el estatus de un mexicano que está amparado por programa diseñado para proteger de la deportación a los inmigrantes traídos a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños, luego de que se vieron obligadas a restablecer la participación del “dreamer” en el programa por un fallo judicial.Daniel Ramírez Medina, de 25 años, atrajo la atención internacional el año pasado cuando fue puesto en un proceso de deportación pese a que estaba inscrito en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Fue una de las primeras personas inscritas en el programa que fueron arrestadas luego de que Donald Trump asumió la presidencia, aunque no había cometido ningún crimen. Su detención también puso de manifiesto el menoscabo de las protecciones del programa DACA implementado por el expresidente Barack Obama en 2012.El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) restableció su estatus otorgado por el DACA y su permiso de trabajo en respuesta a un fallo emitido en febrero en una demanda colectiva federal en California. El fallo indicó que las autoridades no podían quitarles sus protecciones a los beneficiarios del programa sin darles una oportunidad de impugnar la decisión.Otra corte federal en California ha ordenado al gobierno mantener abierto el programa DACA, en el cual hay alrededor de 700 mil personas inscritas a nivel nacional.Sin embargo, hace unas semanas, la agencia notificó a Ramírez que pretendía revocar nuevamente su estatus. Alega la misma razón que utilizó para detenerlo anteriormente: que había admitido tener vínculos con pandillas. Sus abogados dijeron que el gobierno inventó esa afirmación y un juez de inmigración la ha descrito como infundada.“Es un enfoque increíblemente cruel hacia este caso”, señaló Ethan Dettmer, uno de los abogados de Ramírez. “Lo que es ilegal en esto es que han tenido por más de un año la oportunidad de probar su acusación de que Daniel (Ramírez) es miembro de una pandilla. No lo han hecho”.El USCIS rechazó comentar al respecto mediante el portavoz Jonathan Withington.Ramírez llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años. Ahora es padre de un niño que es ciudadano estadounidense, y no tiene antecedentes criminales, aunque una vez fue citado por posesión de una pequeña cantidad de marihuana en Oregon. En dos ocasiones pasó las revisiones de antecedentes para ser beneficiario del DACA y proporcionó al gobierno datos biométricos y otro tipo de información personal a cambio de que le permitieran quedarse y trabajar en Estados Unidos.Sin embargo, en febrero de 2017 fue detenido cuando unos agentes de inmigración se presentaron en su apartamento ubicado en los suburbios de la ciudad de Seattle. Los agentes habían ido a arrestar a su padre, un criminal previamente deportado, pero también detuvieron a Ramírez.Los agentes de inmigración dijeron que Ramírez reconoció tener vínculos con una pandilla y que tenía un “tatuaje de pandilla” en el antebrazo. El “dreamer” ha negado en repetidas ocasiones haber hecho dicha afirmación e indicó que lo que dijo fue que conocía personas en los campos de naranjos de California que habían estado en pandillas.De acuerdo con sus abogados, eso está muy lejos de lo que el gobierno necesitaría para justificar la revocación de su estatus; esto es, que representa una “grave preocupación” en materia de seguridad pública.Los abogados explicaron que el tatuaje de Ramírez, que dice “La Paz BCS”, es un mero tributo a la ciudad de La Paz, en el estado mexicano de Baja California Sur, donde nació.Ramírez pasó seis semanas detenido hasta que un juez falló que fuera liberado bajo fianza. En enero, otro juez de inmigración, Brett Parchert, ordenó que fuera deportado por su estatus ilegal, pese a la evidencia de que “no estaba en una pandilla, ni vinculado con alguna”.Ramírez ha impugnado el fallo de Parchert en una corte de inmigración, y su detención ante un tribunal de distrito en Seattle. Sus abogados esperan que su estatus sea restablecido a como estaba antes de que fuera detenido.La semana pasada, los abogados de Ramírez pidieron al juez de distrito Ricardo S. Martinez que acelerara su caso, dado que solo tenía un mes para responder al intento más reciente del gobierno de revocar su inscripción en el DACA. El juez dijo el lunes que no sería necesario y programó el alegato oral para el 1 de mayo. El estatus del DACA por dos años de Ramírez expira el 4 de mayo. SA
