Más de 160 casos de mala conducta y de abuso a solicitantes de asilo atribuidos a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en su mayoría destinados a las fronteras, fueron denunciados entre 2016 y 2021, reveló Human Rights Watch (HRW).Los hechos fueron consignados en informes internos del DHS, la agencia que tiene a su cargo el sistema de inmigración y el resguardo de las fronteras, y obtenidos por HRW el pasado 24 de septiembre a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés), según el informe.Los casos apuntan particularmente a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y de la Patrulla Fronteriza, y corresponden a informes internos sobre denuncias recibidas por oficiales de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés).Según HRW, las acusaciones corresponden a "agresión, abuso sexual, violaciones del debido proceso, negación de atención médica, duras condiciones de detención y trato deshumanizador".Entre los ejemplos recabados por HRW se menciona que en 2017 un agente de la Patrulla Fronteriza golpeó con su rodilla a una mujer en la parte inferior de la pelvis, dejándole moretones y dolor durante varios días.También ese año y en un incidente separado, agregó HRW, un funcionario de la CBP obligó a una niña a desvestirse y luego la tocó de manera inapropiada.Otro caso, en 2018, involucró a un funcionario federal que golpeó a un solicitante de asilo con tal fuerza que quedó inconsciente y sufrió inflamación cerebral.Pero en un comunicado enviado al diario The New York Times sobre el tema, la portavoz del DHS, Marsha Espinosa, indicó que ese departamento "no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta".La portavoz indicó que, bajo el liderazgo del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, esa dependencia está llevando a cabo revisiones internas "para identificar y acabar con los prejuicios intolerables y reformar sus políticas y capacitación" y sobre el uso de la fuerza.Por su parte, HRW recomendó al DHS investigar las acusaciones de mala conducta y abuso documentadas y revisar los mecanismos disciplinarios, de quejas y de supervisión.
