Viernes, 22 de Noviembre 2024

Deforestación de la Amazonía, la mayor en 11 años

Entre agosto de 2018 y julio de 2019 la zona perdió 10 mil 129 kilómetros cuadrados de su cobertura vegetal

Por: El Informador

El gobierno brasileño ha impulsado iniciativas cuestionadas por los ecologistas, como el incentivo a la agricultura en la región y la legalización de la minería en la selva tropical. EFE/Archivo

El gobierno brasileño ha impulsado iniciativas cuestionadas por los ecologistas, como el incentivo a la agricultura en la región y la legalización de la minería en la selva tropical. EFE/Archivo

La deforestación de la Amazonía brasileña en 2019 fue la mayor en los últimos 11 años, informó el Gobierno.

De acuerdo con un estudio divulgado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la Amazonía brasileña perdió 10 mil 129 kilómetros cuadrados de su cobertura vegetal entre agosto de 2018 y julio de 2019, área equivalente al territorio de un país como Líbano y que supone el mayor nivel de deforestación para un año desde 2008.

El área deforestada por la tala de árboles, los incendios y el aumento de tierras para cultivo en el último año hasta agosto fue de 34.4%, superior a los siete mil 536 kilómetros cuadrados destruidos en el año anterior.

Pese al crecimiento progresivo en los últimos tres años, el área devastada en 2019 es casi la tercera parte de la cobertura vegetal que la Amazonía perdió en 1995, hasta ahora un récord.

Los datos divulgados por el INPE confirman que la deforestación creció en el primer año de gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien asumió su mandato en enero de 2019 y ha impulsado iniciativas cuestionadas por los ecologistas, como la reducción de la fiscalización en la Amazonía, el incentivo a la agricultura en la región y la legalización de la minería en la selva tropical.

En julio del año pasado, Bolsonaro destituyó al entonces presidente del INPE por sus divergencias en torno a los métodos usados por el organismo para medir la pérdida de vegetación.

El mandatario consideró que los datos presentados por el organismo eran falsos y, a su juicio, fueron divulgados de mala fe por funcionarios públicos con intereses políticos, con la intención de perjudicar tanto a Brasil como a su Gobierno. 

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