El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó el martes en el Congreso colombiano un proyecto de ley con el que define una nueva política de paz que busca cimentar el camino para posibles negociaciones y acuerdos con grupos armados ilegales.Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, busca una "paz total", con la apertura de negociaciones y sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales que aún delinquen en el país. La meta es ambiciosa y sucede cuando el Estado aún está implementando el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).El gobierno propone al Congreso, donde goza de una coalición mayoritaria, elevarla a política de Estado, para que comprometa a todas las ramas del poder (Legislativa, Ejecutiva y Judicial), de manera que con cada cambio de gobierno se garantice la continuidad de las políticas públicas de paz.El proyecto, que modifica una ley de orden público existente, avala a que representantes autorizados por el gobierno puedan entablar diálogos con estructuras o grupos armados ilegales. Además, en medio de un proceso de paz los representantes podrán acordar con voceros de los armados su ubicación temporal en algunas zonas de Colombia que determinen. En esos lugares quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra los actores armados, incluidas las que tienen fines de extradición, algo novedoso en la propuesta del gobierno.El proyecto incorpora una salvaguarda para los acuerdos y los protocolos pactados durante eventuales diálogos, indicando que constituirían una política pública de Estado y, por tanto, los gobiernos de turno los deberían cumplir.Se trata de una salvaguarda que no tuvieron en los últimos años los protocolos firmados con el Ejército de Liberación Nacional, considerada la última guerrilla activa del país. Cuando la mesa de negociación se suspendió definitivamente en 2019, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el presidente colombiano no reconoció los protocolos y pidió a Cuba (país sede de los diálogos) que extraditara a los negociadores del ELN que se encontraban en su territorio.Con la reciente llegada de Petro al poder, iniciaron los acercamientos con el ELN para reanudar los diálogos de paz en Cuba. Petro autorizó a restituir los protocolos y suspendió las órdenes de captura de los jefes negociadores del ELN. Según Petro, la mayoría de los grupos armados ilegales y bandas criminales que operan en el país han manifestado al gobierno su intención de negociar.La ONU ha advertido que la violencia en Colombia se agudizó en los últimos años con la expansión de grupos armados, especialmente en territorios donde operaba las FARC. Persisten otros grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.El proyecto de ley de la política de paz propone una nueva alternativa para los jóvenes que no quieran prestar el servicio militar obligatorio, para que puedan optar por un "servicio social para la paz" con el que por un año trabajen en pro de las víctimas del conflicto armado, en programas de alfabetización en zonas rurales o la protección de la biodiversidad.Además, el proyecto plantea concentrar en un solo fondo el dinero que el Estado tiene para implementar el acuerdo de paz suscrito con la paz, que incluye millones de dólares donados por países que lo apoyan. En la actualidad existen cuatro cuentas distintas.MA
