El fiscal general de California interpuso ayer una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por incluir en el Censo de 2020 una pregunta sobre la ciudadanía, lo que se traduce en un “asalto” a los inmigrantes.“Incluir la pregunta es una decisión anticonstitucional”, aseveró Xavier Becerra, tras afirmar que desde 1790 el censo ha contado a ciudadanos y no ciudadanos.Para Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos, se trata de “otro asalto más a los inmigrantes, a los latinos”, con la idea de crea miedo entre ellos.El Departamento de Comercio, que supervisa el censo, dijo que la pregunta se añade por solicitud del Departamento de Justicia para ayudar a determinar violaciones de la “Voting Rights Act” (VRA), la ley que prohíbe la discriminación racial en el voto.Para Becerra y otros activistas pro derechos humanos, será una forma de hacer “invisibles” a los inmigrantes, lo que repercutirá en la incapacidad de las comunidades para determinar la necesidad real de servicios críticos, como escuelas, salud y seguridad pública. “Si no nos cuentan, no contamos”, agregó el fiscal hispano.“Trump y los republicanos empujan una agenda racial y partidista que busca asustar y hacer invisibles a las comunidades inmigrantes”, criticó por su parte Tom Pérez, director del Comité Nacional Demócrata (DNC).No obstante, la Casa Blanca defendió la propuesta de incluir la pregunta e insistió en que con ella se busca evitar la discriminación de votantes, aunque se desmarcó de haber influido en la decisión que fue “enteramente del secretario de Comercio, Wilbur Ross”.El presidente Donald Trump acabó ayer con la protección Diferida de Salida Forzada (DED) a 200 mil liberianos y les dio un año para dejar el país o regularizar su situación migratoria. Este programa fue aprobado en 1991 y fue prorrogado en los años 1999 y 2007.“He sido informado que las condiciones en Liberia han mejorado (...) ya no está experimentando un conflicto armado”, dijo el mandatario.
