Aprovechando la contingencia sanitaria por la COVID-19, acaparadores de tierras, granjeros, buscadores y madereros, continúan la destrucción del Amazonas y condenan al exterminio a quienes se preocupan por la biodiversidad y la vida en el planeta, advierte Greenpeace Brasil.Ituna-Itatá es la punta del iceberg de un escenario que se extiende por muchas tierras indígenas (TI) en la Amazonía: fue la más deforestada en 2019, según los datos del Programa de cálculo de la Deforestación Brasileña (Prodes).En los primeros cuatro meses de 2020, otras mil 319 hectáreas de bosque ya han sido destruidas en territorios indígenas, un aumento de casi el 60 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.Ituna-Itatá lidera la lista con 397.4 hectáreas deforestadas, según las alertas de deforestación del sistema Deter del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE, por sus siglas en portugués)."La agenda hostil del gobierno actual favorece la deforestación y los riesgos que llevan a los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña al genocidio a mediados del siglo 21", asegura la organización ambientalista."Como parte de la política antiambiental, radicalizada en los últimos 16 meses, se han adoptado varias acciones, con énfasis en dos medidas recientes: la Instrucción Normativa No. 9 de FUNAI, que en la práctica legaliza las invasiones dentro de tierras indígenas no aprobadas, como Ituna-Itatá, y la Medida Provisional (MP) 910/2019, mejor conocida como MP da Grilagem, que pretende liberar miles de hectáreas a los invasores.Para tener una idea del tamaño del daño, señala Greenpeace Brasil, el 94 por ciento del territorio de Ituna está registrado a nombre de propietarios privados a través del Registro Ambiental Rural (CAR, por sus siglas en portugués), un instrumento que no legaliza la propiedad de la tierra, pero que permite que las personas se declaren propietarias.Otro punto que llama la atención es el hecho de que casi un tercio de las 223 CAR registradas en Ituna-Itatá corresponden a áreas con más de mil hectáreas, lo que muestra que "los verdaderos beneficiarios de estas invasiones son los grandes terratenientes y los acaparadores de tierras, centrados en la especulación inmobiliaria y no en las familias vulnerables en situaciones desesperadas"."También muestra cuán seguros están los invasores de que el gobierno pronto podrá cambiar la ley a su favor. Nunca hemos tenido un gobierno tan amigable con los delincuentes y contra las personas y el bosque como éste", afirma Adriana Charoux, de la Campaña Amazónica en Greenpeace Brasil.Desde el año pasado, continúa, hemos estado informando sobre crímenes en serie en Ituna-Itatá. En septiembre de 2019, "sobrevolamos el territorio y fuimos testigos de la existencia de una gigantesca red de carreteras que corta el bosque, las áreas deforestadas y quemadas, así como los corrales, cercas y ganado".Dado que Ituna ha tenido el estado de Tierra Prohibida desde 2011, lo que legalmente requiere es que sólo se acceda con la autorización de la Fundación Nacional del Indio (Funai); "ésta es una clara señal de que los invasores se resisten al cumplimiento de la ley".Si se logra evitar la demarcación del territorio, se establecerá un precedente peligroso capaz de promover el exterminio de más de 100 grupos que viven aislados en otras tierras indígenas y bajo la misma condición en Brasil; las fuerzas en juego en Ituna-Itatá son un microcosmos de la enorme presión sobre la vida de los pueblos indígenas y las comunidades forestales en la Amazonía brasileña, concluye la organización.NR
