Aunque no se trata de un año electoral como para que los políticos busquen quedar bien con la sociedad, las autoridades de Zapopan se encuentran a tiempo de poder rectificar la aplicación del doble cobro que vienen haciendo a los zapopanos y sus avecindados, pues al pago del predial se viene a sumar el aumento por concepto de actualización del valor del inmueble, lo que se ha constituido en un monto impagable para muchos de los ciudadanos, sobre todo de la clase media, pues son a los que más se les carga la mano y sus ingresos no son proporcionales a los aumentos aplicados.Por si eso fuera poco, existen agravantes que reclaman con urgencia la rectificación de las autoridades: Por principio de cuentas, habría que señalar la inconstitucionalidad de estar aplicando un impuesto de manera diferenciada –ellos le denominan progresiva-, y por el otro lado, con las modificaciones autorizadas por los Diputados a la Ley respectiva, para que el municipio pueda embargar –y posteriormente rematar- los inmuebles luego de tan solo un año de deuda, con lo que los posibles ganones serán quienes se dedican a la compra-venta de inmuebles y los desarrolladores inmobiliarios (algunos de los cuales se sabe son parientes de altos funcionarios de Gobierno), quienes estarán haciendo fila para adquirir bienes patrimoniales que costaron décadas de esfuerzo familiar, precisamente al segmento de la clase media de la comunidad.De ahí la importancia del análisis presentado por el Colectivo Propuesta, quien en voz de Eduardo Gómez de la O, presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público (AMGP) y en su calidad de miembro del colectivo dejó en claro el “error” que cometen las autoridades municipales, a las que al parecer sólo les importa recaudar más y de los mismos –esto es, de los causantes cautivos-. Qué bien que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco ya se apresta a realizar la investigación procedente, para tener elementos que permitan defender a los miles de ciudadanos que están siendo afectados, mientras que el Colectivo Propuesta, conjuntamente con la AMGP, estarán convocando a un Foro nacional en busca de una solución en la que autoridades y ciudadanía puedan interactuar, a través de acciones basadas en la sustentabilidad. Para lograr que las autoridades den marcha atrás a las medidas impuestas, se requiere de la suma de esfuerzos y conciliación de gobernantes y gobernados, pero sobre todo, que la sociedad civil despierte y se decida a participar de manera activa, ordenada y pacífica.A la inseguridad en que vivimos (provocada por la delincuencia organizada y la incapacidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para contenerla), no debe de agregarse la resistencia civil, a la que por cierto ya han convocado corporaciones empresariales en otras entidades del país.
