Sí, el Artículo 123 del Código Penal Federal es muy claro: “Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años a quien prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”. Y precisamente bajo este precepto se basa la solicitud de orden de aprehensión -que pregonaron el miércoles al grito de “ya está lista”- por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Joaquín Guzmán López -hijo de “El Chapo” Guzmán-, por los delitos de secuestro y privación legal de la libertad de “El Mayo” Zambada, con el objetivo de entregarlo a las autoridades de Estados Unidos, lo que conlleva acusarlo, además, de traición a la patria.Es de dar risa, que a cuatro semanas de la captura o entrega de ambos capos -25 de julio-, cuando se habla de supuestas circunstancias, cuando las autoridades estadounidenses no han confirmado la historia completa y cuando las investigaciones en México son inciertas -con versiones controvertidas por aclarar de acontecimientos alrededor de los hechos que aún son confusas- la FGR ya esté emitiendo orden de aprehensión contra el supuesto responsable de secuestro y traición a la patria. Existe la posibilidad de que “El Mayo” Zambada haya negociado su entrega y no precisamente -como supuestamente dijo en una carta dada a conocer por su abogado- que haya sido sorprendido, secuestrado y entregado a las autoridades del país vecino.Ahora bien, la orden de aprehensión sin confirmarse el delito, es simplemente un proceso o protocolo que se sigue, en la inteligencia de que si la infracción se confirma, no existen posibilidades reales de que la cumplimentación se lleve a cabo y solo será una cuestión de forma la que está llevando a cabo la FGR. Si el caso fuera que Joaquín Guzmán López secuestró y entregó a “El Mayo” a Estados Unidos, seguramente fue mediante un acuerdo que le beneficia al hijo de “El Chapo”, quien es obvio recibirá un trato preferencial en los delitos bajo los que se le juzgue. Ahora bien, si ambos se entregaron, recibirán los beneficios de la rendición y después de que cumplieran sus sentencias, permanecerán bajo la protección de la autoridad de Estados Unidos. Todo esto significa que la orden de aprehensión -“que ya está lista” (?)- de la Fiscalía mexicana, habrá sido un trámite de acuerdo a la ley, pero nunca podrá llevarse a la práctica. La realidad es que Joaquín Guzmán López -el inculpado- ¡ya se les peló… supérenlo!¿Usted, qué opina?
