Se cumplen hoy cuatro meses de las decenas de desapariciones forzadas que cometieron mandos y agentes de la policía investigadora para evitar una manifestación a las afueras de la Fiscalía General del Estado contra la brutalidad policial por el caso Giovanni López, luego de que una día antes una marcha degeneró en violencia y desmanes en el Palacio de Gobierno, sin que hasta ahora se sepa a ciencia cierto lo ocurrido.Más allá de las tensiones políticas que se agravaron como nunca entre el gobierno federal y el estatal por los señalamientos que hizo el gobernador Enrique Alfaro a Andrés Manuel López Obrador de que desde los sótanos del poder de la Ciudad de México habían orquestado las agresiones, y los reclamos posteriores del Presidente de no respetar su investidura por involucrarlo, el episodio derivó en conflicto interno en la Fiscalía por las insinuaciones del propio gobernador en el sentido de que era una dependencia infiltrada por la delincuencia organizada desde donde habrían venido las órdenes para cometer esas desapariciones forzadas y repetir así en Jalisco un caso como las desapariciones de estudiantes en Ayotzinapa ocurridas hace poco más de seis años.En ese contexto adquirieron una especial relevancia las detenciones del comandante Salvador Perea, quien tenía apenas 30 días que había sido nombrado director operativo de la policía investigadora (J3) y quien gozaba en general de una buena reputación policial por su paso como responsable del grupo antisecuestros los últimos seis años, y de Raúl Mireles, policía investigador B, a quienes se culpó de haber orquestado el operativo para estas detenciones ilegales a espaldas de sus superiores. Luego vino la separación de 14 policías investigadores de sus cargos para también ser investigados por su presunta participación en las detenciones ilegales. Toda esta situación causó profundas divisiones en la Fiscalía entre los que estaban convencidos que sus compañeros indiciados siempre atendieron las órdenes de sus mandos y que eran sólo chivos expiatorios para tratar de sofocar la crisis política que lejos de parar crecía.Lo cierto es que Raúl Mireles fue liberado por falta de pruebas y si bien la Fiscalía Anticorrupción sólo ha informado que ya tiene cuatro carpetas de investigación contra igual número de agentes de la Fiscalía, nada se sabe de sus confesiones y qué acciones se han hecho para detectar a las mafias infiltradas en esa dependencia.Por eso, a cuatro meses de aquel desastroso operativo que violó las garantías y derechos humanos de decenas de jóvenes ya es momento de saber que ha pasado también con la investigación que abrió sobre este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República que atrajo el caso, y que incluso habría hecho comparecer al Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, cuando llevó el caso a la Ciudad de México.Así a 120 días de aquel 5 de junio la Fiscalía de Jalisco sigue estando bajo la lupa.
