La seguridad pública dejó de ser tema, no porque haya mejorado, sino porque llegaron la epidemia y la crisis económica y le dijeron: quítate que ahí te voy. El número de asesinatos no mejoró el año pasado y comenzó el 2021 exactamente en los mismos niveles de 12 meses atrás, pero, frente a las más de 32 mil muertes por COVID-19 en el mismo, las dos mil 379 muertes violentas de enero palidecen.El que hayamos dejado de hablar de asesinatos no significa que éstos desaparecieran. En 26 meses de gobierno de López Obrador, la violencia en el país no ha disminuido pese a la enorme inversión económica, al esfuerzo cotidiano de las reuniones tempraneras y al tiempo dedicado en ello. No solo se trata del presupuesto, que es enorme, sino de los costos asociados en materia de militarización y derechos humanos.En 2017, ya en la crisis total del gobierno de Peña Nieto, se destinaron 161 mil millones de pesos a las instituciones de seguridad. El escándalo fue que el gobierno había bajado el gasto en seguridad mientras los homicidios de enero de ese año llegaban a una cifra récord de mil 938: la más alta desde que había comenzado a medirse consistentemente el fenómeno en 1997. La cifra del mes pasado es prácticamente igual a la de enero de 2020 (el aumentó es de 0.2%). La diferencia estriba en que el presupuesto para las entidades dedicadas a la seguridad en el Gobierno Federal -Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional- creció 14% en el mismo lapso (pasó de 216 mil a 246 mil millones) y 54% si lo comparamos con 2017. Claramente estamos gastando más para obtener, en el mejor de los casos, los mismos malos resultados. ¿Quién se hace responsable de ello? ¿A quién le pedimos cuentas? Quien se decía responsable de la “estrategia” (así, entre comillas), Alfonso Durazo ya se fue de candidato a Sonora y los militares y los marinos no rinden cuentas de nada, amparados en que la información sobre seguridad es reservada. Por lo que podemos ver, hasta ahora, militarizar la seguridad ha logrado que ésta sea más cara y opaca, pero no mejor. En materia de derechos humanos, la violación sistemática de las garantías sigue ahí, lo que se redujo fue sólo el número de recomendaciones merced a una estrategia de nulificación de la CNDH, poniendo al frente de ella a una militante y amiga del Presidente.López Obrador renunció, haya sido por miedo, por conveniencia política de tener cerca al Ejército, o porque en realidad nunca creyó en lo que él mismo decía, a buscar una estrategia de paz como se comprometió en el periodo de transición con los colectivos de la sociedad civil en aquellos famosos “Foros Escucha para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional”. Está haciendo lo mismo que tanto criticó a Calderón y Peña Nieto, con los mismos malos resultados, pero más militarizado y costoso.Cambiamos todo y gastamos más para seguir igual. Si esa es la transformación, ahora sí, como gritábamos en el cine, que regresen las entradas.diego.petersen@informador.com.mx
