Comenté ayer aquí que tras la cancelación del proyecto del vertedero municipal en Tala se abría la posibilidad de que los ayuntamientos metropolitanos reasumieran su responsabilidad en el manejo de los desechos y dejaran el cómodo camino de concesionar este servicio a empresas privadas que han dejado mucho que desear como ha pasado las últimas tres décadas en Guadalajara. Que en ese proceso debe cumplir su parte el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) para plantear una solución integral de los nueve municipios de la zona centro de Jalisco, con la participación también del gobierno estatal.Bueno, pues igual, en el tema donde urge también que el Imeplan tome cartas en el asunto es en el de las inundaciones que cada año aumentan su gravedad y afectan el patrimonio de los que menos tienen, no sólo dejándolos en situación catastrófica, sino poniendo en riesgo su integridad física.Son inaceptables ya las imágenes que cada temporal se hacen más comunes de centenas de familias que lo pierden todo al inundarse sus viviendas como lo acabamos de ver en Tlaquepaque por el desbordamiento de la Presa Las Pintas, en Zapopan por la enésima saturación del Arroyo El Seco y sus gaviones sin el mantenimiento debido, y en Tonalá donde el canal de Los Ladrilleros tampoco fue suficiente para desahogar las tormentas y como consecuencia dejó en la ruina a cientos de pobladores que ayer cumplieron tres días inundados y sin que nadie los auxilie.Es inaplazable ya que la autoridad estatal y los municipios metropolitanos, en el espacio de interlocución y orientación técnica que por Ley debe brindar el Imeplan, se pongan a revisar las negligencias y corruptelas que han agravado los estragos por el copioso temporal de lluvias combinado con el desorden urbano, y lo más importante, empezar a asumir compromisos para asignar presupuestos con los que se empiece a actualizar la infraestructura hidráulica a todas luces insuficiente, y que debe ser una prioridad en el gasto público. En el Imeplan, por ejemplo, se podría retomar lo que alguna vez se buscó lograr en el SIAPA, cuando se diseñó un plan multianual de inversiones para mitigar a corto plazo y erradicar paulatinamente el creciente problema de las inundaciones, con la obligación legal de mantener ese plan de inversiones independientemente de los vaivenes políticos y transiciones de gobiernos. La actual clase política y gubernamental retomó este compromiso en 2016, pero todo quedó sólo en el discurso.Esta claro, pues, que se debe generar presión desde la ciudadanía para que se respete esta prioridad urbana y no quede a discreción de los gobiernos y a sus criterios político-electorales, que erróneamente siempre les dictan que las obras enterradas no les son redituables para su popularidad. Ese debe ser el papel del Consejo Ciudadano del Imeplan que en teoría es la esfera que vela por los intereses de la comunidad y que debe cuidar el carácter técnico e independiente de este organismo, pero cuyos integrantes tienen años silenciados. Ojalá tanto desastre, sufrimiento y damnificados los despierten.jbarrera4r@gmail.com
