El fenómeno de las viviendas abandonadas, particularmente en el municipio de Tlajomulco, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. No solo representan un problema financiero, pues son viviendas que no pagan predial y de todas formas hay que atender, sino sobre todo porque se han convertido en un problema de seguridad: son el espacio perfecto para delinquir, esconderse, asechar al vecino.El fenómeno no es exclusivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara o de ciertos municipios, es un problema que se repite en todo el país y que tiene su origen en una política de vivienda pensada desde el escritorio de un experto financiero y no desde el restirador de un planeador urbano (la verdad los urbanistas ya no usan restiradores, es solo una forma de enfatizar la diferencia del punto de vista). La política de vivienda impulsada por el Gobierno de Vicente Fox fue muy efectiva para resolver el acceso a la vivienda. La ampliación del crédito y el subsidio a la vivienda popular permitieron que en cuestión de 10 años se multiplicara exponencialmente el número de familias que podrían tener una vivienda, pero nadie pensó en lo que significaba en términos urbanísticos generar ciudades dormitorio en medio de la nada.Las familias lejos de gozar de un beneficio fueron condenadas a un nuevo infierno, desconocido hasta entonces. Pasaron de las penurias para pagar una renta en una vecindad o del hacinamiento en casa de los padres a una vivienda desconectada del mundo, en las que el tiempo y el dinero se les va ahora en transportarse. Los servicios de agua, recolección de basura, acceso a la salud o educación no funcionan. Perdieron sus redes familiares de apoyo con lo que el cuidado de los hijos se volvió más complicado y, para colmo, llegaron a fraccionamientos que nunca se habitaron completamente o se fueron deshabitando, generando un clima de inseguridad e insalubridad creciente.Recuperar esas viviendas abandonadas no solo es caro sino complejo para los municipios. No tienen los mecanismos legales lo suficientemente ágiles para expropiarlas por falta de pago de predial, y si así fuera, el costo de rehabilitarles es financieramente inviable pues el subsidio ya fue a parar a la bolsa del constructor.Las viviendas abandonadas son cicatrices urbanísticas que tardarán años, décadas quizá, en sanarse por completo. En el inter los ayuntamientos tienen que dedicar, una parte, por pequeña que sea, de su escaso presupuesto para atender un problema creado por una mala política pública y los compradores de buena fe sufrir por la irresponsabilidad de los que ya cobraron y ya se fueron.(diego.petersen@informador.com.mx)
