El problema de los programas de verificación de emisiones automotrices no es técnico ni medio ambiental, es siempre político. Más aun, entre mejor sea el programa de verificación más problemas políticos enfrentará. Es muy sencillo de entender: los más afectados por este tipo de programas son los gremios, en este caso camioneros y taxistas, y la clase media baja, esa que con gran esfuerzo compra un automóvil viejo que seguramente no pasará la verificación.La discusión en el Congreso del Estado se ha centrado en el costo de la multa. No tengo los elementos para juzgar si lo que propone el Gobierno del Estado es alto o bajo, lo que debemos de tener claro es que la función de la multa no es captar dinero para el gasto de Gobierno sino la de convertirse en un incentivo al cumplimiento de la ley. ¿Entre más alta es la multa mayor es el incentivo? No necesariamente, llega un punto, cuando la multa es impagable para la mayoría de la población, que una multa no aporta al cumplimiento de la norma y solo más que recursos al erario. Es a esas políticas que se les llama recaudatorias.La discusión de fondo es qué tipo de verificación para qué sociedad. En estos casos aplica muy bien aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. El ideal es que nadie contamine y que en el futuro las emisiones tiendan a cero. Pero en la situación actual de nuestra ciudad eso es imposible. El fracaso de la administración anterior en esta materia fue no entender que cualquier proceso de verificación tiene una implicación política, y como siempre la política es el arte de lo posible.Hoy por hoy una buena parte de los autobuses del transporte público, de los taxis y de los automóviles de servicio del Gobierno del Estado y los ayuntamientos de la zona metropolitana no pasarían una verificación medianamente seria. Junto con el programa de verificación deberá venir una política de renovación de vehículos, porque no se puede exigir a los ciudadanos que cumplan y a los gremios y al Gobierno no. El otro gran tema por resolver es qué hacemos con los autos que no pasarán la verificación ni afinados, autos cuya tecnología simplemente está obsoleta y que sin embargo siguen dando servicio a decenas de miles de familias que no tienen en el transporte público una opción real.No hay, pues, sistema de verificación que no tenga afectaciones sociales y por lo mismo consecuencias políticas. En la claridad de que la salud es un asunto primordial y que nadie tiene derecho a contaminar lo que es de todos, el medio ambiente, el sistema de verificación debe ser realista, eficiente y factible, si no vamos a chocar otra vez con ese escollo llamado realidad, siempre tan terca e implacable.(diego.petersen@informador.com.mx)
