Hay que ponerle tamaño al botín que significa la captura política de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). El cambio de titular en la Comisión liberará 244 puestos de confianza (“huesos”) para repartir a discreción de un total de 310 plazas en la nómina del organismo (el resto son trabajadores de base). Una plaza de confianza es un nombramiento temporal y los de base son definitivos. El primero proviene de un superior y el segundo es un derecho adquirido vía un sindicato. El botín es jugoso. Las cinco visitadurías generales de la CEDHJ tienen sueldos mensuales de 82 mil pesos. Pero están también las visitadurías adjuntas de hasta 60 mil al mes y las direcciones de 66 mil. Y por supuesto, hay jefaturas de 40 mil y decenas de auxiliares, técnicos, “profesionales especializados” y secretarios con salarios de los 10 a los 35 mil pesos al mes. El costo de la nómina asciende a 145 millones de pesos al año y representa casi la totalidad del presupuesto de la Comisión. Una nómina abultada y sin un servicio civil de carrera: el “crimen perfecto” para que los diputados del Congreso de Jalisco, a más tardar el primero de agosto, elijan al próximo titular de una lucrativa “agencia de colocación“ por medio de un acuerdo político de cuotas y cuates. Igual que ocurrirá con el ITEI (que representa también un botín de medio centenar de plazas), los legisladores locales perfilan una elección a espaldas de la sociedad, sin mecanismos de transparencia y evaluación que garanticen el mejor perfil para encabezar la defensoría de los derechos humanos en el Estado. Organismos como el Cepad, Códice y el ITESO han exigido un proceso abierto alejado de los acuerdos políticos entre partidos. Sin embargo, entre los 29 aspirantes ninguno ostenta la “fuerza moral” o solvencia necesaria para resucitar una institución disminuida. Hoy, como me lo dijo el especialista Francisco Macías, la defensa de los derechos humanos está en la sociedad civil. Esa fuerza y lucha se trasladó a las familias de los desaparecidos y las víctimas indirectas de la violencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco se convirtió en un botín político en donde las recomendaciones públicas dejaron de sacudir, la clase gobernante la ignora y los ciudadanos han tenido que labrar su propio camino contra los abusos del poder. Los grandes baluartes que ayer encabezaron la CEDHJ, hoy empequeñecen a sus últimos titulares, cercanos al poder político y dóciles ante la pérdida de su autonomía. Los diputados de MC, Morena y el PAN seguramente se repartirán las cuotas entre sus cuates para elegir a la presidenta del ITEI y al ombudsman pese a los llamados de la sociedad. Venceréis, habrá que recordarles, pero no convenceréis.
